Conforme a lo previsto, el Congreso del Estado aprobó ayer las nuevas reglas a las cuales deberá sujetarse el sistema pensionario de los trabajadores de la educación en Coahuila, con las cuales teóricamente se le otorga viabilidad financiera a un sistema cuya historia, al menos durante las últimas dos décadas, ha sido de crisis permanente.

Más allá de la nueva estructura financiera, que elevará gradualmente las aportaciones mensuales que el patrón -es decir, el Gobierno del Estado; es decir, los contribuyentes coahuilenses- y trabajadores realizan al fondo pensionario, vale la pena poner énfasis en las modificaciones de carácter administrativo que la nueva reglamentación establece.

De acuerdo con el proyecto votado ayer por unanimidad en el Congreso del Estado, la administración del sistema de pensiones de los trabajadores de la Sección 38 del SNTE -del cual se benefician también empleados de las universidades Antonio Narro y Autónoma de Coahuila- estará a cargo de un órgano de gobierno con características diferentes y a la cabeza del órgano administrativo deberá estar un experto en temas administrativos.

Esta última regla implica, por principio de cuentas, que no sea más la dirigencia magisterial la encargada de designar a quien administre el sistema de pensiones, lo cual constituye un paso indispensable para que éste funcione de forma adecuada.

Entre otras cosas, tal como lo señalamos ayer en este mismo espacio, la modificación en el esquema de administración es indispensable para poner fin al proceso de acciones fraudulentas que la propia dirigencia del sindicato magisterial ha auspiciado a lo largo de muchos años y que constituye uno de los boquetes financieros de la Dipetre.

También lo es para que el fondo pensionario deje de ser la “caja chica” -o la caja grande, como se prefiera- de dirigentes a los cuales lo que les interesa es hacer negocios y por ello promueven permanentemente la adquisición y construcción de inmuebles con cargo a las finanzas de la Dipetre.

Más allá de los beneficios que esta modificación legal aportará, eventualmente, al sistema pensionario de los trabajadores de la educación, estamos ante una fórmula que debería replicarse en al menos otro de los elementos del sistema de seguridad social que administra el SNTE en Coahuila: el servicio médico.

Porque, como se sabe, el servicio médico de la Sección 38 hace buen tiempo dejó de garantizar realmente el derecho a la salud de sus derechohabientes pues ha sido virtualmente “privatizado” al convertirlo en una gigantesca agencia de seguros de gastos médicos mayores, desnaturalizando con ello su función.

En este espacio también urge decretar el retiro de la dirigencia magisterial de la administración pues, tal como ocurrió con el sistema de pensiones, lo único que los maestros han logrado probar a lo largo de los años es su incapacidad para conducir un sistema vital para garantizar los mínimos derechos de su propio gremio.