La consolidación de esquemas pensionarios que tengan viabilidad financiera es uno de los retos más importantes a los cuales se enfrentan los gobiernos de todos los países del mundo, pues incluso los modelos mejor concebidos y con mejores administraciones tienen problemas de viabilidad.

Y si el diseño adecuado y la administración pulcra son insuficientes para que los fondos de pensiones garanticen a sus beneficiarios la posibilidad de recibir una pensión, cuando decidan abandonar la vida activa, la inexistencia de un esquema es aún peor.

Por ello, que los ayuntamientos de Coahuila incumplan —total o parcialmente—con la norma que les obliga a establecer un esquema pensionario, es decir, que comiencen a establecer un fondo para dicho propósito, representa un foco rojo en materia de finanzas públicas.

Hasta ahora, cuando un empleado municipal —en la mayoría de los municipios de Coahuila— alcanza la edad para jubilarse, efectivamente se retira de la vida activa y sigue recibiendo un salario como “jubilado”, es decir, goza de la prestación que se encuentra establecida en el contrato colectivo de trabajo que el ayuntamiento en cuestión ha firmado con el sindicato local.

El problema con ello es que el pago de las pensiones se realiza con cargo al gasto corriente porque, salvo un par de excepciones, los municipios de Coahuila no han creado fondos para garantizar el pago de las pensiones a partir de aportaciones que realicen los trabajadores durante su vida activa, además de las que realice el propio municipio.

El resultado de esta práctica es que en los últimos años ha ido creciendo la presión que sobre el gasto corriente representa el pago de pensiones a sus trabajadores jubilados por lo que hoy, alrededor de un tercio del gasto corriente de aquellos es ocupado por dicho rubro.

En otras palabras, aún hoy, cuando se están creando los esquemas pensionarios municipales, estos carecen de fondos para el pago de quienes ya gozan del beneficio de una pensión y la presión sobre el gasto corriente no se aliviará sino hasta dentro de varios lustros.

Pero, en todo caso, los municipios que ya se han ocupado de establecer sus esquemas de pensión están iniciando la ruta hacia el eventual saneamiento de sus finanzas. Los que no han hecho nada al respecto están permitiendo que la “bomba de tiempo” representada por la falta de un esquema de financiamiento para el pago de pensiones se acerque al punto de explosión.

Valdrá la pena en este sentido que, tanto el Congreso del Estado, como los órganos responsables de fiscalizar la actuación del servicio público, tomen medidas para que, en el plazo más breve posible, el 100% de los municipios de Coahuila cumplan con la ley e inicien el proceso de regularización de este aspecto de sus finanzas.

Permitir que los municipios incumplan en este rubro constituye un acto de irresponsabilidad con las futuras administraciones y, sobre todo, con los contribuyentes, pues son estos últimos quienes, a final de cuentas, deberán pagar los platos rotos.