A partir de la próxima semana, cuando en la Auditoría Superior del Estado regresen de vacaciones, empezará la cuenta regresiva para que se entregue el informe final sobre las presuntas empresas ‘fantasmas’ que vendieron hasta bolos al Gobierno Estatal.

La Auditoría Superior de Coahuila, su Informe Anual del Resultado 2015, incluyó las auditorías que practicó tanto a la Secretaría de Finanzas como a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas con motivo de un acuerdo del Congreso del Estado, para revisar todo lo concerniente a las presuntas empresas “fantasmas”.

Sin embargo, en el informe parcial de la Auditoría se da a conocer que está en espera de la respuesta a las observaciones realizadas a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas después de realizarle una auditoría mediante la práctica de visita domiciliaria al Padrón de Proveedores.

Ese Informe, que no tiene fecha perentoria, deberá ser entregado al Congreso del Estado, pero no existe la certeza de que pueda convertirse en público por ser parte de una investigación.

El tema de las empresas ‘fantasmas’ surgió tras la publicación en varios medios de comunicación que la administración estatal había dado contratos por bienes y servicios a compañías cuyos domicilios fiscales no eran verídicos y en algunos casos eran casas habitación.

El escándalo fue en aumento cuando se reveló que la ex secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo, y su esposo Fernando Martínez Garza, eran dueños de la empresa Riviera Álamo, la cual crearon a través de ex empleados como prestanombres.

Riviera Álamo obtuvo en 2014 y 2015 ganancias por 24 millones de pesos en cada año al vender electromésticos y bolos al Gobierno de Coahuila.