CIUDAD DE MÉXICO.- Los centros penitenciarios del Estado de México fueron catalogados como los “peores del país” por los niveles de sobrepoblación, la falta de atención a la población y la violación a los derechos humanos de los internos, de acuerdo con un informe del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social.

En un documento titulado “Sobrepoblación por entidad federativa 2015”, el organismo señala que el Estado de México, gobernado por Eruviel Ávila, se ubica en la primera posición del país con la mayor sobrepoblación, con el 29% del total.

A diciembre de 2015 las cárceles mexiquenses registraron una sobrepoblación de 16 mil 900 internos que significa 169.6%, respecto a su capacidad instalada, según el informe citado por Noticias MVS.

Dicho reporte destaca que de los 20 centros penitenciarios a cargo del Estado de México, 18 presentan sobrepoblación y además la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó una serie de irregularidades.

Los Centros Penitenciarios de Readaptación Social (CPRS) con sobrepoblación son: Bordo de Xochiaca, Nezahuaocóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla de Baz, Santiaguito, Chalco, Texcoco, Cuautitlán, Otumba Tepachico, Zumpango, Tenancingo, Valle de Bravo, Jilotepec, Tenango del Valle, Ixtlahuaca, Temascaltepec, Otumba, Sultepec, El Oro, Lerma y la Penitenciaría Guillermo Colín Sánchez.

En su diagnóstico la CNDH señaló que durante la supervisión se detectó la importancia de presentar atención a la sobrepoblación, el hacinamiento, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos y la inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros penitenciarios del Estado de México.

También consideró que se deben mejorar las condiciones materiales e higiene en las instalaciones para alojar a los internos de ingreso y de dormitorios, y las condiciones materiales de equipamiento e higiene de la cocina, así como corregir deficiencias en comedores y en la alimentación.

La CNDH detectó además insuficiencia de personal, ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del centro: autogobierno-cogobierno, así como cobros, principalmente extorsión y sobornos.

Asimismo, los visitadores se toparon con falta de clasificación entre procesados y sentenciados, actividades laborales y capacitación, actividades deportivas, atención a adultos mayores; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Se detectó hacinamiento, servicios para mantener la salud de los internos y suficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, atención a internos en condiciones de aislamiento y sancionados o sujetos a protección, destacó la CNDH.