Por primera vez la Fiscalía General de la República (FGR) señaló ante un juez federal al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber participado en una supuesta trama delictiva encaminada a sobornar a legisladores con recursos transferidos por la constructora Odebrecht.

El señalamiento fue hecho por el equipo de fiscales de la FGR en la audiencia judicial en la que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, fue acusado de ser uno de los legisladores que recibió estos sobornos con la finalidad de impulsar iniciativas legales como la reforma energética.

Las investigaciones de la Fiscalía que derivaron en esta primera imputación se iniciaron a partir de la denuncia que presentó en agosto del año pasado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien también está implicado en la presunta trama de corrupción.

De acuerdo con autoridades ministeriales consultadas por Animal Político, los fiscales de la FGR Kristian Jiménez Hernández, María Luisa Zúñiga, Jaime Arellano y Manuel Granados detallaron ante el juez federal, Marco Antonio Fuerte Tapia, la operación en el sexenio pasado de una presunta “asociación delictuosa” entre funcionarios federales y legisladores.

En dicha asociación delictiva estarían implicados, según explicaron los fiscales al juez, desde el expresidente Peña Nieto y el exsecretario Videgaray, hasta los exsenadores integrantes de la 62 Legislatura: Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién y Salvador Vega Casillas.

Siguiendo la denuncia de Lozoya, los fiscales indicaron que la constructora Odebrecht (implicada en múltiples casos de corrupción en el continente) habría canalizado cerca de 120 millones de pesos en sobornos al gobierno de Peña Nieto, con la finalidad de continuar siendo favorecida con diversos contratos. Esto entre 2013 y 2014.

Peña y Videgaray habrían ordenado que parte de ese dinero se distribuyera a diversos legisladores para “allanar” el camino de reformas estructurales que se estaban buscando como la energética. Lozoya Austin reconoce que él fue el responsable de haber operado – por instrucciones de los referidos funcionarios – la logística de esos pagos.

Los fiscales sostuvieron ante el juez que a partir de la denuncia presentada han reunido datos de prueba suficientes (como videos, documentos y recibos) que confirmarían que esta asociación delictuosa existió con el objetivo ya referido. Entre esos datos estaría, por ejemplo, la declaración ministerial de Rafael Caraveo Opengo, exfuncionario del Senado, en la que refiere haber recibido y entregado maletas con millones de pesos en efectivo.

Lavalle Maury es, hasta ahora, el primer imputado judicialmente por este delito y encarcelado por el mismo. El resto de los implicados en la referida trama de “asociación delictuosa” se encuentra en calidad de investigados. De acuerdo con la FGR, continuarán las imputaciones contra más personas en las próximas semanas y meses.

El artículo 164 del Código Penal Federal define la asociación delictuosa como “banda de tres o más personas con propósito de delinquir”. La pena para quien resulte responsable va de los 5 a los 10 años de prisión.