Ciudad de México/Guatemala.– El Presidente Enrique Peña Nieto se refirió a las recientes capturas de los ex gobernadores durante la toma de protesta en Los Pinos a la nueva directiva del Congreso del Trabajo. Insistió en que las autoridades mexicanas colaboraron con los países donde se llevaron a cabo las detenciones, hecho que ha sido desmentido, al menos por Italia.

“Las recientes capturas de ex gobernadores requeridos por la justicia son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, dijo.

Peña hizo un reconocimiento a las autoridades que intervinieron en las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington, por su profesionalismo y compromiso.

Tanto Javier Duarte como Yomás Yarrington se fugaron de territorio mexicano, en donde se movieron con toda libertad.

Fueron autoridades extranjeras las que los detuvieron.

“La localización fue gracias al intercambio de información y trabajo coordinado de instituciones del Gobierno mexicano con las de otros países”, mencionó.

Sin embargo, declaraciones imprecisas o ambiguas generaron suspicacias de que el Gobierno de México claudicó en su declarada intención de lograr la extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington, detenido en Italia, para atajar los escándalos de corrupción que asedian la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Los equívocos se iniciaron el 9 de abril, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en un boletín que Yarrington, Gobernador del estado de Tamaulipas entre 1999 y 2004, había sido detenido en Italia.

De acuerdo con el texto, el arresto se logró “gracias a la colaboración” de la Procuraduría con las autoridades italianas.

También aseveró que la detención obedeció a la ficha roja solicitada a Interpol por existir una orden de aprehensión emitida por un tribunal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

“Se espera que en los próximos días sea repatriado a nuestro país por esta Procuraduría, en coordinación las autoridades del Gobierno de Italia”, acotó.

Sin embargo, un comunicado emitido un día después por la Policía de Italia señaló que la detención se efectuó por ser Yarrington “objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial estadounidense”.

También indicó que el ex Gobernador fue localizado “en seguimiento a los informes del organismo estadounidense colateral”, presumiblemente la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y que en la operación participaron “funcionarios de Interpol y del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense”.

Ese mismo 10 de abril, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, reconoció que Yarrington también es requerido por Estados Unidos, por lo que las autoridades italianas deberán decidir a qué país extraditarlo.

En contraste con el pronunciamiento original de que se esperaba la repatriación “en los próximos días”, refirió que el Gobierno deberá presentar formalmente la solicitud de extradición “dentro de los 60 días hábiles siguientes”.

Indicó que al tomar la decisión de a qué país entregarlo, Italia “tendrá que tomar en consideración las particularidades del caso”, incluyendo la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

De inmediato pareció conceder prioridad a Estados Unidos al declarar: “Es importante mencionar que la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de los Estados Unidos es de dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión”.

Las declaraciones de Elías Beltrán y las inconsistencias entre el anuncio inicial de la PGR y el reporte de la Policía de Italia llevaron a algunos medios a especular que el Gobierno no quiere traer al país y someter a juicio a uno de los suyos, pese a que Yarrington fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre pasado.