El lunes por la noche agentes de la Fiscalía ejecutaron la orden del Juzgado Primero Penal, de restituir una parte del rancho San José de los Nuncio, en Ramos Arizpe, y de derrumbar las construcciones de quienes habitaban ilegalmente el terreno. Las familias afectadas declararon estar a la espera de un amparo federal y una demanda contra la propietaria del predio.

Entre las 22:00 y 23:00 horas del lunes 4 de noviembre, una retroexcavadora derrumbó 4 casas de block y techos de lámina y concreto, una casa de adobe y 3 jacales de las personas que, de acuerdo con la jueza, invadieron el terreno de un rancho propiedad de las familias Garza Cabello y Garza de la Peña.

Aunque las construcciones fueron derrumbadas, algunas con muebles y otras pertenencias adentro, y los habitantes desalojados, Juana María Calvillo Peña, una de las voceras de las familias que habitaban el terreno y que dijo que ha vivido ahí toda su vida, así como también su papá y su abuelo nacieron en ese lugar, aseguró que el conflicto no terminará aquí.

 “Ya tumbaron las construcciones, pero sí podemos hacer una demanda en contra de esa resolución que hubo y que se llevó a cabo. Entonces ahorita estamos esperando que el tribunal nos dé luz verde”, dijo y recordó que llevan más de 50 años luchando.

“Lo que pasa es que nosotros ya estamos reconocidos como ejidatarios, entonces ese predio en el cual ellos actuaron está dentro del núcleo agrario, que son asuntos federales que la juez no tomó en cuenta. Ahí se ve claramente el tráfico de influencias y la corrupción existente”, comentó sobre el operativo en que participaron una agente del Ministerio Público en compañía de un perito, 20 agentes de la Fiscalía y una patrulla de la Policía Civil de Coahuila.

Sin embargo, Rosa Ofelia Garza, una de las propietarias del rancho San José de los Nuncio, negó que el terreno invadido sea parte de un ejido o núcleo agrario, pues la jueza determinó que era propiedad privada.

Asimismo, señaló a Juana María Calvillo Peña, Elidia Palafox González y Cruz Calvillo Peña como delincuentes que se dedican a vender terrenos de manera ilegal, por lo que recomendó a todos los ciudadanos que no les crean y que les pidan escrituras, libertad de gravamen y último pago del predial para que comprueben la legalidad de la compra-venta.

El viernes 1 de noviembre se llevó a cabo una audiencia que duró 8 horas en la que los habitantes del terreno no pudieron comprobar la propiedad legal de la tierra, por lo que ella les dio 72 horas para que sacaran sus pertenencias antes de las 19:15 horas del lunes, porque después de esa hora se procedería a demoler las casas.

Esa noche los habitantes declararon tener un amparo federal, pero la agente del Ministerio Público que llegó a ejecutar la orden de la jueza dijo que el papel que ellos tenían era un documento de recibido, pues todavía no se resolvía el amparo, así que ella y el perito iniciaron el inventario de las casas antes de la demolición con maquinaria.

Rosa Ofelia Garza también comentó que hay otra hectárea del terreno que fue invadida, y que ya está esperando la resolución del juez para poder desalojar a los invasores y recuperar su predio.

Historia

Desde hace décadas, varias familias viven de manera ilegal en un predio del rancho San José de los Nuncio.

Una jueza dictó una orden de desalojo.

Los invasores tenían de plazo hasta las 19:30 horas del lunes para abandonar el terreno.

Entre las 22:00 y 23:00 horas, una retroexcavadora derrumbó cuatro casas de block, una casa de adobe y tres chozas hechas de madera.

El terreno es propiedad de las familias Garza Cabello y Garza de la Peña.

Juana María Calvillo Peña, Elidia Palafox González y Cruz Calvillo Peña como delincuentes que se dedican a vender terrenos de manera ilegal.