“Aprendí que lo mejor es la transparencia y dar testimonio claro de tolerancia cero. Lo había anunciado al momento de mi designación, pero no pensé que iba a tener la necesidad de aplicar estos criterios tan rápidamente.

“Ahora me queda plenamente confirmado que no debemos tener miedo a decir lo que pasa, porque eso nos ayudará a que cada vez sean menos los casos. La mejor ayuda es afrontar las situaciones y conducirnos conforme a la ley para hacer las denuncias”.

Las palabras anteriores corresponden a declaraciones del arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, ante quien hoy habrá de comparecer el activista local José Ignacio Martínez Pacheco, para presentarle información sobre la presunta existencia de al menos 17 sacerdotes católicos que habrían cometido actos de pederastia en Coahuila.

Las declaraciones de Aguiar Retes parecen, a priori, un reconocimiento de la imposibilidad de seguir negando la posible existencia de múltiples casos de abuso sexual en contra de menores de edad por parte de integrantes de la curia romana en Coahuila.

La polémica sobre el tema, como se recordará, lleva más de cuatro años flotando en el ambiente, desde que el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, “denunciara” haber conocido de dos casos de pederastia ocurridos durante su período a cargo de la Diócesis, pero cuyos detalles decidió no revelar porque, de acuerdo con sus propias declaraciones, se había comprometido ante un notario público a no hacerlo.

Desde entonces, activistas como José Ignacio Martínez Pacheco han insistido en denunciar la existencia de múltiples casos de pederastia clerical mismos que, de ser ciertos, revelarían la existencia de un fenómeno generalizado en la entidad, aunque con mayor incidencia en la capital del Estado.

De acuerdo con Martínez Pacheco, los casos que presentará al recién designado Arzobispo Primado son sólo aquellos que han prescrito, debido al paso del tiempo, pero de acuerdo con su testimonio habría más sucesos que aún pueden ser investigados y perseguidos por la Fiscalía del Estado.

No estamos ante un asunto menor, sino ante un fenómeno que debe ser investigado con seriedad por las autoridades civiles, más allá –e independientemente– de lo que la jerarquía eclesiástica decida hacer a partir de sus propias reglas.

Es importante recordar, en este sentido, que la iglesia católica no es autoridad para investigar y, eventualmente, dar por “concluidos” los casos, tal como lo ha planteado repetidamente el obispo Raúl Vera, pues en este caso estamos hablando de la comisión de delitos cuya investigación y eventual sanción corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los jueces.

En ese sentido, es de esperarse que la Fiscalía General del Estado reaccione frente a señalamientos públicos sobre los cuales, incluso el Arzobispado Primado de México, ha decidido que no puede permanecer indiferente pues, más allá de que constituye un potencial escándalo, implica la posibilidad de estar encubriendo presuntos delincuentes perpetradores de crímenes atroces.