El pasado martes el gobernador del Estado, Rubén Moreira, encabezó una jornada de pavimentación “en todos los municipios de Coahuila”.

De acuerdo con el boletín de Comunicación Social, la administración estatal ejecutará “pavimentación o recarpeteo” en “cerca de 2 mil 700 cuadras” de “más de 400 colonias o comunidades” que suman “tres millones de metros cuadrados”.

Se preguntará usted, ¿y por qué la iniciativa nace luego de mil 882 días de Gobierno transcurridos, a escasos 309 días de dejar la Gubernatura, y 131 días antes de la jornada electoral para renovar el Poder Ejecutivo?

En defensa del proyecto emprendido se dirá que “más vale tarde que nunca”, que “para la justicia social no hay tiempos”, o cualquier otra obviedad que raya en la demagogia.

Sin embargo, las obras concluirán “en los próximos 10 meses”, es decir, hasta el último día del sexenio en el mejor de los escenarios, y costarán “casi mil millones de pesos”. Y aquí viene lo interesante: la “inversión histórica”, esa “cantidad sin precedente” como le llaman oficialmente, en realidad es una asignación ordinaria que corresponde al 2.28 por ciento del presupuesto total para 2017.

Ahora bien, tomando en cuenta que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Seint) se convirtió en una licuadora de recursos desde que María Esther Monsiváis asumió la titularidad (hecho que se ha demostrado en esta columna con anterioridad), es complicado localizar la fuente de financiamiento, pues en el Presupuesto de Egresos para 2017, publicado en el Periódico Oficial el 23 de diciembre de 2016, sólo hay 200 millones de pesos etiquetados para “infraestructura vial” en Coahuila.

¿De dónde salen los 800 millones de pesos restantes, y por qué en el plazo de un mes decidieron quintuplicar lo planeado?
También hay que considerar como agravante una circunstancia nacional: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó el “Ramo 23” del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, desapareciendo por consecuencia el “Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal”.

Y ahí no acaba el asunto. En la plataforma “Coahuila Transparente”, actualizada el 15 de enero, no aparece la proyección de contratos a desarrollar por la Seint durante 2017, y en el Sistema de Información y Trasparencia de Obras para el Desarrollo Metropolitano sólo figuran 673 bitácoras de pavimentaciones concluidas entre 2015 y 2016. Pero nada del año en curso.

Por si fuera poco desconocemos el dato administrativo más importante: al contratista, ya que, al fraccionar los “casi mil millones de pesos” entre los municipios beneficiados, la Seint evadió hábilmente –de manera legal– las licitaciones. Todo lo repartirá por asignación directa. Y en la opacidad.

No obstante, podemos deconstruir el monto final y obtener como resultado que cada “cuadra” rehabilitada de aquí al 30 de noviembre costará 370 mil 370 pesos en promedio, independientemente de su ubicación. Si se trata de pavimento, el precio es razonable, aunque si es recarpeteo, la cifra no corresponde con la realidad por ser demasiado alta.

Pero no sabemos específicamente cuál corresponde a cada caso debido a esa tendencia de generalizar hasta difuminar, de englobar hasta perder que tiene Gobierno del Estado con los recursos públicos.

Como justificación podrán argumentar que se trata de peticiones de los propios vecinos gestionadas a través de los Comités de Política Popular y Acción Social, que son obras de utilidad pública, que no condicionan a algo en particular, etcétera.

Seamos realistas: el ciudadano coahuilense poco politizado no quiere transparencia ni derechos humanos; quiere pavimento para rodar. Y en el pecado lleva la penitencia.

Cortita y al pie
Hasta aquí ha sido abordado el fondo, excluyendo algunos detalles de forma como la importante connotación rojo PRI que tiene el programa, o que no se suspenderá éste debido a la veda electoral.

La última y nos vamos
Por todo lo expuesto se puede concluir que pasarán el 2017 pavimentando, pero la permanencia en el poder. El asfalto es lo de menos. 

@luiscarlosplata