Ciudad de México. La cúpula empresarial presionó en el Senado para que se aprueben las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Acompañado de representantes de centros empresariales del país, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo Díaz Ríos Walter, advirtió que “es ya imposible ocultar que las prácticas corruptas afectan la apertura y el buen funcionamiento de las empresas, detienen la inversión y la generación de empleos”.

Recalcó que la corrupción le cuesta al país el 10 por ciento del PIB y las empresas gastan hasta el 5 por ciento de sus ventas anuales por el pago de corrupción.

Agregó que el costo social es mayor, ya que cerca del 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares está destinado a pagos extraordinarios.

Sostuvo que el Congreso de la Unión tiene el deber de aprobar las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas la llamada ley 3de3, a más tardar mañana 28 de abril.

De no ser así, urgió a que de inmediato el Senado convoque a un periodo extraordinario de sesiones para que se aprueben las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Insistieron en que la legislación debe garantizar que la ciudadanía presida en Sistema Nacional Anticorrupción.

Pidieron también que el comité de participación ciudadana cuente con un representante del sector empresarial, dada la afectación que la corrupción tiene en las empresas.

Representantes del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana se presentaron también en el Senado para exigir la aprobación de la llamada ley 3de3.