La responsabilidad social (RS) se basa en la visión y misión de las empresas y organizaciones, así como en el diálogo que tengan con las diferentes partes relacionadas o grupos de interés; no se limita a las actividades que realicen de manera ocasional o aislada. 

En este sentido algunos gobiernos, con independencia de la tendencia o filiación partidista sobre la que fundamenten su operación, han iniciado esfuerzos para integrar la RS en sus respectivas agendas políticas, ya que la misma constituye un elemento que promueve el bienestar de la ciudadanía.

No obstante que las acciones derivadas de estos esfuerzos carecen de obligatoriedad legal, ya que se realizan más allá de las disposiciones legales que les aplica, junto con organizaciones de otro tipo, los gobiernos abren los espacios para facilitar el diseño e implementación de políticas que favorezcan la RS, y en especial la responsabilidad social empresarial (RSE), considerándola como vinculante de los retos económicos y sociales.

Cabe mencionar que igual a las empresas, los gobiernos tienen temas comunes como migración, medio ambiente, pobreza, género, vivienda, salud, educación y política; empero, dado el grado de desarrollo que cada uno de los gobiernos presente en su circunscripción territorial, así como sus condiciones y problemáticas particulares, tendrán que diseñar e implementar programas específicos.

Esta situación, obliga a los gobiernos a adoptar los siguientes roles: obligar (legislar), facilitar (crear de incentivos), colaborar (involucrar a grupos de interés), promocionar (otorgar apoyos) y ejemplificar (dar ejemplo) con respecto a la RS en sus ámbitos de influencia. 

Esta participación nos muestra la importancia que tiene cada uno de los diferentes sectores para la solución de problemas, y entre mayor sea la problemática, mayor es la importancia de su participación. 

Asimismo, nos refiere a una colaboración basada en un paternariado público-privado, que se puede apreciar en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia, puede materializarse en nuestro país, bajo formas como: invertir en la comunidad, involucrar a sus miembros y apoyar la intervención de las empresas y organizaciones sociales.

Para ello, es importante considerar la declaración de Enrique Iglesias, presidente del BID, en su conferencia de septiembre de 2004, “Del dicho al hecho”, que para que los empresarios puedan llevar a cabo sus responsabilidades, es necesario que “haya reglas de juego claras por parte del poder político, por parte del Gobierno, porque es la única forma de tener horizontes de mediano plazo con los cuales programar, y así también, enfrentar y administrar los riesgos, sin eso es muy difícil generar el factor confianza que es tan importante en el desarrollo”. 

Recordemos que el Estado tiene la función y obligación irrenunciable de procurar y garantizar eficazmente el ejercicio de los derechos y obligaciones de la ciudadanía. Sin embargo, aunque el Estado no lo puede todo, si sobre una base de credibilidad, confianza y legitimidad, puede asumir roles que promuevan, inviten y colaboren con diversos agentes sociales para el logro del bienestar social.

roberto.adame@cemefi.org

*Coordinador de Atención y Servicios de RSE en el Centro Mexicano para la Filantropía. Este texto es parte del proyecto de Cemefi en coordinación con VANGUARDIA, para la difusión de la Responsabilidad Social Empresarial.