Los ciudadanos debemos aprender a evaluar la calidad y el impacto
e las políticas públicas instrumentadas por los gobernantes

Tuvieron que transcurrir más de tres años para que Isidro López reconociera públicamente lo que era evidente desde el comienzo de su gestión: que no podría realizar su “proyecto” de modernización del transporte público urbano en la ciudad de Saltillo. Magnánimo y generoso, ofreció heredarlo a las próximas administraciones. Según su propio dicho, la razón del fracaso es la carencia de los recursos necesarios para su desarrollo: “si nosotros conseguimos fondos como llegaron a existir en un momento dado, cerca de mil 500 millones para arrancar este programa, lo podríamos hacer más rápido” (VANGUARDIA, 24 marzo 2017). 

El pez por su boca muere: si los fondos llegaron a existir, ¿por qué los dejó ir?
El acceso a esos recursos se perdió desde el momento en que, por una decisión del propio Alcalde, se desintegró la empresa conformada para impulsar el proyecto del Saltibús. Al hacerlo, la ciudad de Saltillo perdió la elegibilidad para acceder a los fondos federales a través del Programa de Apoyo Federal al Transporte Urbano Masivo (Protram), un instrumento de financiamiento del Fondo Nacional de Infraestructura que aporta hasta el 49 por ciento de los proyectos de modernización de transporte masivo que cumplan con sus directrices.

¿Cuáles fueron las razones para intentar justificar tan desafortunada elección? Ésta es una pregunta que aún no ha recibido respuesta coherente y razonable de parte del titular de la comuna a los ciudadanos de Saltillo. Isidro López no puede alegar desconocimiento de las consecuencias de sus actos, pues desde que era candidato al cargo, el Consejo Ciudadano de Movilidad Sustentable se lo hizo ver con lujo de detalles en varias oportunidades.

Ante el vacío de quien debe dar los argumentos de sus determinaciones, lo que queda es el espacio abierto para todo tipo de interpretaciones: desde la existencia de conflicto de intereses hasta aquella que, en lo personal, me parece la más plausible; la cual atribuye esta conducta del Alcalde al compromiso que asumió durante su campaña con un grupo de concesionarios opuestos al proyecto del Saltibús. En cualquier caso, han sido muy elevados los costos de tan nefasta determinación.

Ahora nos dice “que la alternativa es implementarlo por etapas con ingresos propios y de acuerdo con la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento, sin embargo, comentó que esto requerirá más tiempo, probablemente llevará 10 ó 15 años” Pero su administración ha sido incapaz de dar tan siquiera el primer paso, pues hace más de un año ofrecieron que antes de finalizar el 2016 estaría en funcionamiento la primera ruta troncal, lo cual no ha ocurrido y, ahora queda claro, no se dará en lo que resta de su gestión.

Para nuestra desventura, las consecuencias de estas decisiones no se circunscriben a quienes las toman, pues tienen impactos de gran alcance en la vida cotidiana de todos los habitantes de la ciudad. Y desgraciadamente las consecuencias no son sólo materiales, sino que repercuten en el deterioro de la seguridad vial y ambiental, es decir en la salud y la integridad física de las personas.

Imaginemos por un momento las condiciones viales de Saltillo con 250 autobuses menos circulando en sus calles (actualmente son alrededor de 900), en rutas con recorridos más cortos. Liberarían aproximadamente 10 mil metros cuadrados de superficies viales, especialmente en el centro urbano de la ciudad. Eso representaría mayor espacio disponible para el resto de los modos de transporte, principalmente para los automóviles. Una sensible disminución del ruido y un aumento de las velocidades medias de desplazamiento. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de los costos y tiempos de desplazamiento de los usuarios de todos los medios de transporte. Las personas dispondrían de más tiempo para la convivencia familiar y tendrían ahorros en su movilidad urbana, este rubro del gasto familiar ocupa el tercer sitio en importancia en las erogaciones de las familias mexicanas.

Gracias a las estimaciones realizadas en el marco del Plan Estatal Contra el Cambio Climático en Coahuila, presentado el 21 de junio del 2016, podemos dimensionar algunos de sus impactos: las emisiones de gases de efecto invernadero de autobuses y automóviles descenderían en el 24 por ciento, lo mismo que los consumos de combustible (diésel y gasolinas), en tanto los costos de operación y mantenimiento del servicio de transporte público podrían descender en un 37.6 por ciento.

Los ciudadanos debemos aprender a evaluar la calidad y el impacto de las políticas públicas instrumentadas por los gobernantes y a calificarlas a través de los medios a nuestro alcance. Uno de esos instrumentos, por cierto no el único, es el ejercicio del voto. En estos tiempos electorales, la bolita estará en la cancha de los electores; no olvidemos, reflexionemos y decidamos con atingencia.
 

davila_mx@yahoo.com.mx