Doce años después de ocurrida la explosión de la mina de Pasta de Conchos, en la que quedaron atrapados los cuerpos de 65 mineros, la organización civil Familia Pasta de Conchos (FPC) continúa con la exigencia a la empresa Grupo México de que los cuerpos sean rescatados, ya que el siniestro no fue fortuito, sino atribuible a las precarias condiciones de seguridad en la mina.

Desde el informe elaborado por el equipo de Pastoral Laboral (Febrero 2008), y después de una minuciosa investigación los abogados del trabajo informaron que:  “a partir del año 2000 hasta la fecha de la explosión se evidenció y concluyó un largo historial de negligencia interesada de Industrial Minera México, S.A. de C. V. (IMMSA), ya que las condiciones de la seguridad y la higiene en la mina 8 ponían en grave riesgo la salud y la vida de los trabajadores” (Por una Cuerda de Vida...).

Según el informe, los inspectores de la STPS y la delegación estatal incurrieron también en graves omisiones, ya que los emplazamientos de medidas de seguridad tardaban hasta un año en entregarse a la empresa y en ellos no le exigían la documentación que no presentaba cuando se realizaba la inspección, la entregaba con mucho retraso o no lo hacía.

Conviene recordar que un año después de la explosión se instaló una “mesa permanente”, presidida por el hoy candidato a senador, entonces diputado y presidente de la comisión especial para conocer responsabilidades y origen de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Jericó Abramo Masso, el propósito era que se les reconocieran y cumplieran sus derechos a los deudos, las indemnizaciones correspondientes y las promesas gubernamentales, pero sobre todo que diera seguimiento al rescate de los cuerpos, resultó, como es costumbre en este País, que esa fue una “mesa de demagogia”.

Por ello, ante la ineficacia institucional de la justicia mexicana, la FPC sigue en la lucha y recientemente dio un paso más y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde se abrió el caso 13.552 y los quejosos fueron notificados de su admisión, presuntamente este es el primer caso minero admitido por la CIDH (Proceso, 2165).

La admisión del caso ante la CIDH pone en evidencia a la clase política mexicana de entonces que es la misma de hoy, Javier Lozano Alarcón, en ese tiempo, secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, —que se pasó al PRI y ahora es vocero del candidato del PRI a la Presidencia del País, José Antonio Meade— y Jericó Abramo Masso; también estuvieron en la mesa citada, Jesús Torres Charles y Homero Ramos Gloria; estimada lectora, lector, por sus acciones y omisiones usted juzgue el grado de credibilidad de estos políticos, los hechos hablan y no están todos los que son.

La CIDH reconoció el interés jurídico de las víctimas de Pasta de Conchos basada en la normatividad del Sistema Interamericano que es el que determina la calidad de víctima, la que fue negada por las autoridades mexicanas. 

La CIDH da la razón a los deudos de la FPC e invalida los argumentos del gobierno mexicano y lo más importante, se reconoce que la afectación es para todas las familias de la región, donde según el informe de la propia organización, desde 1900 han perdido la vida 3 mil 103 mineros en explosiones y otros siniestros que fueron responsabilidad de las empresas por omisiones y negligencias, quizá con la sentencia de la CIDH disminuya la impunidad de las mineras.

Los peticionarios que firmaron la solicitud ante la CIDH fueron 582, apoyados por diversas organizaciones de derechos humanos. La protección del Estado mexicano al Grupo México y a las empresas mineras en general es un gran problema en numerosas comunidades del País, las que están en la indefensión ante la pérdida de sus recursos naturales agroforestales, aguas, tierras, y demás.