Ante el anunciado aumento al precio de las gasolinas y diésel se iniciaron protestas en la vía pública, al tiempo que se anunciaron otras movilizaciones para enero. Mientras tanto, la corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso al gobierno federal reducir la tasa del impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) aplicada a los combustibles, con el propósito de bajar sus costos.

También pidió modificar el presupuesto 2017 en materia de ingresos, para compensar el impacto del incremento en los bolsillos de la población.

Los representantes de esa organización adherente al PRI calcularon que el IEPS alcanzará el año entrante 284 mil 432 millones de pesos, que representan 26 por ciento del costo total de las gasolinas.

"Exigimos a los diputados federales y a los senadores de todos los partidos que en vez de estar incendiando las redes con llamados absurdos, se enfoquen en sus obligaciones constitucionales y disminuyan la carga impositiva, lo que será en descargo de la presión de los bolsillos de nuestros compatriotas".

Del mismo punto, Francisco Búrquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el Congreso no ha cumplido con su responsabilidad de ser contrapeso de un gobierno federal que miente y desde 2014 cobra 300 mil millones de pesos anuales mediante el IEPS, que aplica precisamente a la gasolina.

Este año, aseveró, el gobierno federal cobró seis pesos por cada litro de gasolina por ese impuesto extraordinario.

En tanto, alrededor de 70 militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) clausuraron de manera simbólica la Secretaría de Energía.

Encabezados por el secretario de Acción Política del partido, Alejandro Sánchez, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto emitir un decreto para suspender la liberalización del costo de los combustibles.

En el Senado, el PRD rechazó la afirmación del secretario de Hacienda acerca de que el gasolinazo no repercutirá en la inflación.

El coordinador perredista, Miguel Barbosa, advirtió sobre una escalada inflacionaria y exigió al gobierno poner en marcha medidas excepcionales para frenar la ola de carestía que se dará por el aumento del combustible.

El senador Mario Delgado señaló que es necesario un periodo extraordinario de sesiones, en los primeros días de enero, para derogar los artículos 11 y 12 transitorios de la Ley de Ingresos, con base en los cuales el gobierno federal adelantó la liberalización de la gasolina y el aumento desproporcionado, que dejará el litro del combustible en 20 pesos.

Impactará al agro

Organizaciones campesinas sostuvieron que el gasolinazo encarecerá el proceso productivo en el campo e incluso lo pondrá en riesgo en algunos estados.

Max Correa, líder de la Central Campesina Cardenista, subrayó que el alza causará un impacto inflacionario en perjuicio de los pequeños productores agrícolas, porque en el sector primario casi todo depende de los combustibles fósiles.

El escenario se volverá más complicado por el aumento del dólar, enfatizó, pues la mayoría de los fertilizantes, semillas mejoradas, maquinaria y pesticidas se pagan con esa moneda. Además, México ya importa más de 60 por ciento de los alimentos que consume.

Organizaciones campesinas se manifestarán el 2 de enero contra el gasolinazo en diversas ciudades; encabezarán encuentros los días 6 y 16 en Veracruz y Tijuana, respectivamente, y marcharán el 31 de enero en la capital del país por el derecho a la alimentación y el salario digno.

Francisco Chew, dirigente del Movimiento Social por la Tierra, coincidió en que el impacto económico por el aumento hasta de 20 por ciento en las gasolinas se dejará sentir de inmediato en la producción y comercialización de productos.