Dentro de tres días, la nueva Plataforma Nacional de Transparencia entrará en operaciones unificando con ello el mecanismo para solicitar información a los entes obligados, tanto de nivel estatal como federal. Una de las consecuencias que tendrá la operación de la Plataforma será que los partidos políticos deberán responder solicitudes de información en línea.

“Ya viene el 5 de mayo… Van a tener que contestar solicitudes de acceso a la información en línea con la nueva plataforma. Quieran o no van a tener que cumplir con la Ley… Vamos a exigir, junto con el Instituto Electoral de Coahuila, que cumplan los partidos políticos y que cumplan también con la Ley General de Partidos Políticos”, ha dicho al respecto el presidente del ICAI, Jesús Flores Mier.

No es la primera ocasión que se hace el ofrecimiento anterior, ni es la primera vez en que modificaciones a las normas o los mecanismos de acceso a la información pública llevan a políticos y funcionarios a asegurar que, “ahora sí”, la transparencia será un hecho en nuestro País.

Habrá que ver, por supuesto, y esperar que efectivamente las dirigencias partidistas se sometan a una ley creada por ellos mismos (a través de sus representantes en los congresos federal y estatales), pero en la cual convenientemente han establecido reglas que les permitan ser la excepción en materia de transparencia.

Vale la pena llamar la atención, sin embargo, al hecho de que, incluso siendo verdad en esta ocasión, la transparencia habría tardado casi tres lustros en llegar a los partidos políticos luego de que en México surgiera la primera norma en este sentido.

Que sea hasta ahora cuando “por fin” se pueda pensar en la posibilidad de que los partidos políticos permitan a los ciudadanos conocer el origen y destino que le dan a los recursos públicos que se les entregan explica en gran medida que la transparencia siga siendo una aspiración en México.

Y es que quienes aseguran ser los promotores de esta, y sus principales impulsores, en realidad son quienes la sabotean en primer lugar y quienes se oponen a la posibilidad de un auténtico escrutinio ciudadano.

La razón de tal conducta es muy simple y la sabemos todos: la corrupción gubernamental se prohija inicialmente en los partidos políticos cuyos métodos de lucha por el poder son todo, menos un ejemplo de virtud, honestidad y civismo.

Resistirse a ser transparente sólo se explica a partir de la necesidad de ocultar decisiones que no tienen respaldo normativo, actos de corrupción o excesos en el ejercicio de los recursos. Veremos si finalmente la resistencia de las dirigencias partidistas ha sido vencida.