Uno de los peores vicios de la clase política mexicana es el cinismo. Sorprendidos en falta, nuestros políticos -de todos los signos partidistas- no solamente se revelan incapaces de asumir que cometieron un error, cayeron en un exceso o violaron la ley, sino que intentan argumentos para justificar sus desvíos.

El ejemplo perfecto de esta circunstancia lo constituye el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a las reacciones que entre dirigentes y representantes partidistas generó la difusión del informe de la cuenta pública de los Municipios de Coahuila, en el cual se revela que las administraciones retuvieron “cuotas partidistas” a sus empleados, sólo en 2014, por casi 15 millones y medio de pesos.

Las respuestas de los líderes partidistas, así como de los legisladores emanados de dichos partidos, demuestra claramente lo mucho que se parecen, en lo fundamental, unos y otros.

Y es que tanto en el bando del Partido Revolucionario Institucional, como en el de Acción Nacional, el cobro de cuotas partidistas es defendido con el mismo empeño y justificado con argumentos prácticamente idénticos.

En este tema, por lo menos, la diferencia entre Bernardo González -dirigente estatal del PAN y Shamir Fernández -dirigente municipal del PRI en Torreón-es inexistente y ambos coinciden en plantear la legalidad de las retenciones realizadas a funcionarios y empleados.

Pero incluso hay quien está dispuesto a ir más allá, como Sonia Pérez Villarreal, presidenta del Comité Municipal del PRI en Piedras Negras, cuyo discurso se instala de espaldas a la realidad, al negar incluso la existencia de las retenciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado.

“…Las personas que sean afines al partido (PRI) y que tengan un cargo público, ellos saben de una cuenta de banco en la que ellos, si ellos gustan y si así lo desean, de manera personal, depositan desde su cuenta vía nómina,  cuenta de ahorros… de donde ellos gusten…no hay retenciones”, afirmó la dirigente partidista.

No hace falta ser demasiado perspicaz para entender que, si tal argumento fuera cierto, la ASE no habría realizado ninguna observación en su reporte sobre la cuenta pública de 2014. La observación existe justamente porque se detectó que el Ayuntamiento de Piedras Negras -y una veintena más- realizan descuentos al salario de sus empleados.

El problema de fondo, habrá que repetirlo, no es que tales conductas se registren y que éstas puedan, eventualmente, ser calificadas de ilegales generando responsabilidades en contra de determinados servidores públicos.

El problema de fondo, el real, es que al exponerse a la luz pública tales hechos, la posición de los dirigentes partidistas y de nuestros representantes populares no contenga una sola gota de autocrítica, sino que se ubique de plano en el territorio del cinismo.