Las formas de corrupción en México son tantas y se practican de forma tan poco discreta, que a nadie puede tomar por sorpresa que se revelen datos en el sentido de que los “propietarios” del Partido Joven –un ente político local que no ha demostrado nunca tener un mínimo arraigo entre los votantes– manejen dicho instituto político como una empresa familiar.

En efecto, que los dirigentes de dicho partido hayan utilizado casi cinco millones de pesos de los contribuyentes para hacer negocios “en familia” realmente no constituye sorpresa alguna, pues el uso de prerrogativas como fuente de fortunas privadas es una vieja práctica en nuestro país.

Pero el hecho de que a nadie sorprenda descubrir que, lejos de constituir una alternativa ideológica, el Partido Joven sea sólo un jugoso negocio para sus “concesionarios”, tampoco puede traducirse en considerar que tal hecho no nos importa o que estamos dispuestos a pasarlo por alto.

Se trata de un hecho grave que se ubica en el origen mismo de la desconfianza y el descreimiento que la sociedad ha venido consolidando hacia el ejercicio de la actividad política y, de manera particular, hacia las figuras prominentes de la clase gobernante.

Porque al mismo tiempo que se pone al descubierto el carácter patrimonial del referido partido, se anuncia que ha sido convocado a integrar una alianza con el PRI, el partido en el poder, cuyos dirigentes y candidatos consideran al Joven un “buen socio” para que les acompañe en el propósito de retener la gubernatura, el control en el Congreso Local y los ayuntamientos de la entidad.

Poco puede esperarse de los propios dirigentes del Partido Joven: parece claro que se trata de un conjunto de individuos inescrupulosos que, además de usar el dinero público para su beneficio, no consideran necesario responder a los reiterados requerimientos que les hizo la autoridad electoral durante el período en el cual fueron auditados. 

Cabría esperar, sin embargo, que quienes son –al menos en teoría– sus adversarios, se apresuraran a señalar las graves fallas en las cuales ha incurrido el Joven y, en el caso de quienes han decidido invitarlo de aliado, fijaran una postura que no implique entender que avalan el comportamiento irregular por el cual se les ha sancionado.

La experiencia indica, sin embargo, que tal expectativa es bastante ilusoria: en política –y particularmente en la política coahuilense– la sujeción a un mínimo código de ética y la observancia de los más elementales principios de honestidad y compromiso con los electores son demasiado pedir.

Ninguna voz se alza hasta el momento para exigir que, además de las sanciones ya impuestas, se considere la posibilidad de revocar el registro a un partido que solamente lo es porque fue oficialmente registrado, pero que en los hechos opera como negocio particular.

Y es que a nadie parece importarle que se siga insultando y agraviando a la sociedad con la reiteración de conductas obscenas e inmorales. Será porque el Joven no es la excepción, sino la regla.