CDMX.- México entró ayer en la recta final de campaña de la inédita y polémica consulta popular del 1 de agosto sobre enjuiciar a los expresidentes por corrupción y otros delitos, cuyos impulsores tienen el enorme reto de lograr una participación del 40 por ciento para que sea vinculante.

La consulta popular del próximo domingo, la primera de la historia de México a nivel nacional, fue convocada por el presidente López Obrador, quien llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.

Sin embargo, el Presidente dice que no votará para no fomentar la “venganza”, por lo que la campaña está en manos de asociaciones ciudadanas vinculadas a Morena.

Lo cierto es que la pregunta no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el “Sí”, y se desconoce si el Gobierno denunciará a los exmandatarios o creará comisiones de la verdad para resarcir a las víctimas.

El problema principal de esta primera consulta popular es el de la participación, puesto que se requiere que vote el 40  por ciento de los 93 millones de mexicanos llamados a las urnas para que el resultado sea vinculante. Un reto mayúsculo porque las elecciones intermedias del pasado junio tuvieron una participación del 53  por ciento y fue un dato histórico.

Tanto los promotores de la consulta como el entorno del presidente López Obrador critican que el Instituto Nacional Electoral (INE) no pone suficiente empeño para que el referendo sea un éxito. El INE ha señalado que faltó presupuesto.