Una de las frases hechas con las cuales suelen aderezarse algunos análisis sobre la vida pública de nuestro país es aquella según la cual “los pueblos tienen los gobiernos que merecen”.

Con gran frecuencia –acaso insana– damos por buena esta expresión porque suena inteligente y parece zanjar con sabiduría las discusiones iniciadas a partir de las quejas formuladas contra la actuación –insatisfactoria, desde luego–de cualquier servidor público.

Pero si revisamos la expresión con detenimiento podremos notar cómo su uso sirve más bien para exonerar a quienes motivan la queja regalándoles de paso, sin haberlo pedido siquiera, el paraíso de la impunidad.

Porque ya visto con un poco de mayor detenimiento el asunto, utilizar la expresión para dar por concluida una discusión relativa a los excesos de un gobernante, o de un grupo en el poder, equivale a trasladar la responsabilidad de sus actos a quienes votaron para llevarles al poder.

Visto desde otro ángulo, si se quiere, la “culpa” de tener un Gobierno cuyos resultados devienen insatisfactorios residiría en la inacción de los propios ciudadanos para ponerle freno a tal situación. Es decir, si frente a los hechos no se hace nada, pues “merecido se lo tienen” los ciudadanos.

Pero, ¿en verdad los pueblos con gobiernos despóticos, antidemocráticos, ineficientes o corruptos los tienen porque los merecen?

El ejemplo del momento para analizar el acierto del argumento lo tenemos en el municipio de Parras de la Fuente, demarcación afectada por una auténtica crisis institucional derivada del arranque imperial del alcalde Ramiro Pérez Arciniega, quien decidió arrogarse el derecho de destituir de sus cargos a los integrantes del Cabildo y colocar en su lugar a los suplentes.

El desplazamiento de los integrantes originales del Ayuntamiento, dice el munícipe –morenista, para mayores señas–, está “justificado”: se trata de una auténtica flotilla de “aviadores”, es decir, de individuos puntuales para cobrar su salario, pero absolutamente ausentes a la hora de cumplir con sus deberes.

Desde el año pasado, asegura Pérez Arciniega, los ediles acumulaban ya más de 10 faltas a las sesiones del Ayuntamiento a las cuales fueron debidamente convocados.

Y, en efecto, el Código Municipal del Estado de Coahuila, ordenamiento en el cual se regula el funcionamiento de los ayuntamientos, establece con toda claridad, en sus artículos 74 y 75, las causas para suspender y revocar, respectivamente, el mandato a uno o todos los ediles de un municipio: dejar de asistir, “sin causa justificada”, a tres sesiones ordinarias consecutivas, en el primer caso, y a cuatro en el segundo.

Pero no basta con afirmar la actualización de las causales señaladas para sacar la tarjeta roja y expulsar del juego a los faltistas. La Ley Orgánica del Poder Legislativo reserva la facultad para conocer de este tipo de procedimientos a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia cuyos integrantes deben dictaminar los casos y ponerlos a consideración del pleno.

En otras palabras, solamente el Poder Legislativo puede separar de sus cargos, previo estudio de los casos, a cualquier integrante de un Ayuntamiento en Coahuila. Nadie más.

Pero eso no es problema alguno para el Alcalde parrense: el asunto se arregla encontrando una jurisprudencia adecuada, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¡y listo!: ya cuenta con facultades para destituir ediles, convocar suplentes y tomarles la protesta.

Si la jurisprudencia se refiere a un caso en el cual se analizó la legislación del Estado de México –en la cual sí se contempla llamar al suplente de un regidor en ciertos casos–, eso es un detalle nimio, un formalismo irrelevante en el cual sólo se fijan los neoliberales…

Reitero el cuestionamiento: ¿los habitantes de Parras de la Fuente tienen al frente de su Gobierno municipal a un individuo como Pérez Arciniega porque eso, y no otra cosa, merecen?

Cambiemos la pregunta: ¿son acaso los habitantes de Parras de la Fuente los responsables –porque están dotados de las facultades para ello– de ponerle fin a los excesos de un Alcalde con pulsiones dictatoriales?

La respuesta es no. La responsabilidad de contener –y sancionar–las excentricidades del Alcalde parrense es de quienes integran las instituciones públicas dotadas de facultades para “hacer cumplir la ley”, en este caso, el Congreso del Estado en primerísimo lugar.

Pero como en el Poder Legislativo de Coahuila son especialistas, sobre todo, en escurrir el bulto, en patear el bote e instalarse en el papel de espectadores de la realidad, pues no solamente no actúan sino dan consejos: recomiendan a los ediles “destituidos” interponer un juicio ¡para la protección de sus derechos políticos!

Visto pues desde esta perspectiva, responsabilizar a los pueblos de tener gobiernos despóticos, porque “eso merecen”, implica exonerar a los poderes públicos de cumplir una de sus responsabilidades esenciales: mantener el ejercicio del Gobierno dentro de los cauces mínimos de la decencia lo cual, según parece, es demasiado pedir.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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