El nuevo estudio actuarial del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, contenido en el Presupuesto de Egresos 2020, le da un año más de vida sin problemas financieros, sin embargo a partir del 2021 se requerirán mayores aportaciones de la administración estatal para poder pagar a los burócratas pensionados y jubilados.

También, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020, el Gobierno Estatal destinará 906 millones 622 mil 450 pesos para el pago de pensiones de sus trabajadores, lo que representa el 1.82 por ciento de su presupuesto anual.

De acuerdo con el estudio elaborado por Valuaciones Actuariales del Norte, la administración estatal tiene 13 mil 798 trabajadores en activo ante el Instituto de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en contraparte hay 2 mil 605 pensionados y jubilados.

CIFRAS DAN POCA ESPERANZA

Sin embargo los ingresos por aportaciones de cuotas es de 313.6 millones de pesos anuales, pero la nómina de pensionados y jubilados al año supera los 276.3 millones de pesos, a lo cual hay que sumarle la operatividad del Instituto.

Sin embargo los ingresos por aportaciones de cuotas es de 313.6 millones de pesos anuales, pero la nómina de pensionados y jubilados al año supera los 276.3 millones de pesos, a lo cual hay que sumarle la operatividad del Instituto.

Además hay sueldos entre pensionados y jubilados que van de los 103 mil pesos mensuales a los 3 mil pesos mensuales, aunque el promedio llega a los 11 mil pesos, lo que habla de una desproporción.

Para la Auditoría Superior, que en el Informe del Resultado 2018 solo daba de viabilidad hasta el 2020, antes de conocerse el último estudio actuarial, la situación mantiene en riesgo a los trabajadores, aunque a partir del 2022 y tras una modificación a la Ley, aplicará una aportación mayor del Gobierno Estatal al fondo.

“Buscando fortalecer las finanzas del IPTSEC, y dado que los estudios actuariales han concluido que el financiamiento de las pensiones y beneficios que se otorgan es insuficiente dado que históricamente las aportaciones de los trabajadores y del estado han sido bajas, se reformó el artículo 4 de la ley con el objeto de incrementar la aportación a cargo del Gobierno del Estado de un 10.5 por ciento a un 19.9 por ciento sobre el equivalente al sueldo básico de los trabajadores”, señala la Auditoría.

Agrega que “este aumento de 9.4 por ciento será cubierto por el Gobierno del Estado para el personal a su cargo hasta el 2022”.