Las mafias de la delincuencia organizada han hecho gala de sus peores atrocidades en los gobiernos panistas como el de Felipe Calderón y los gobiernos estatales de Guanajuato y Tamaulipas, un asunto que no ha podido resolver el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde las masacres continúan a pesar de su táctica al extremo opuesto del calderonato; “abrazos no balazos”.

El pasado 31 de enero se cumplieron 21 años de la Masacre de Villas de Salvárcar (Ciudad Juárez, 2010), un crimen donde las víctimas fueron adolescentes ajenos a la delincuencia y que indignó a los deudos cuando Felipe Calderón relacionó los hechos con “ajustes de cuentas entre narcotraficantes”, asunto que luego hizo pasar a Calderón uno de los peores momentos de su sexenio cuando, al acudir a Ciudad Juárez, la madre de dos jóvenes asesinados le espetó en su borracha cara lo siguiente: “Discúlpeme, señor presidente. Yo no le puedo decir que es bienvenido, porque para mí no lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie hace justicia. Juárez está de luto. Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la Universidad. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos usted se habría metido hasta debajo de las piedras para buscar al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.

Y esa madre agraviada tenía razón cuando cuestionaba las masacres de Juárez, se trataba de la política criminal de Genaro García Luna que, al proteger a un cártel de la droga, desató el genocidio calderonista, una complicidad por la que ahora está preso en Estado Unidos.

La Masacre de Allende fue consumada el 20 de marzo de 2011, otra saga del terror narco durante el sexenio de Calderón, en la ratera gestión de Jorge Torres López y el gobierno municipal del panista Sergio Lozano, quien dijo no haberse enterado de nada a pesar de que fueron tres días de saqueos, incendios, secuestros y el asesinato de más de 40 personas vecinos de la misma alcaldía y de la casa particular del alcalde del PAN.

La masacre de San Fernando (22/08/2010) fue un crimen de lesa humanidad en contra de migrantes centroamericanos que fueron ultimados por la espalda y que dejaron a sus familias en el desamparo y la orfandad. Fueron 72 migrantes asesinados por los “zetas” en su lucha contra García Luna, el esbirro de Calderón.

Hoy la historia se repite con la misma saña inaudita en el crimen de lesa humanidad de 19 migrantes ultimados en Camargo, Tamaulipas. Se ha revelado que los asesinos son policías estatales del gobierno panista de Tamaulipas, cuyo mandatario, Francisco García Cabeza de Vaca, es de los que más atacan a López Obrador.

Y esta situación tan espeluznante es la barbarie que se ha convertido en la cultura expresiva de la violencia brutal, en una danza sangrienta de cuerpos mutilados, colgados, decapitados y en decenas de cabezas humanas apiladas frente a las escuelas como viva expresión de un pueblo que aceptó y toleró a un enfermo alcohólico que se vanagloriaba en ser reconocido como el “hijo desobediente”, admirado por Reyes Flores y Armando Guadiana Tijerina, los que ahora pretenden llevar a Saltillo y a Coahuila a la debacle total.

¡No lo permitas! Saltillo es hoy una ciudad en paz. Gracias al alcalde Manolo Jiménez y a su política de seguridad. Eso, nadie lo puede negar.