Durante los meses de julio a septiembre, en parte impulsados por la pandemia de COVID-19, burócratas estatales optaron por la jubilación para quedarse en casa, y en este trimestre acumularon una carga mensual de casi 250 mil pesos a la precaria situación económica del Instituto de Pensiones del Estado.

En el trimestre de julio a septiembre de este año, el Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado aceptó 31 nuevas pensiones y jubilaciones para igual número de beneficios.

Durante la sesión del Consejo Directivo del Instituto, encabezado por el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, se aprobaron 8 pensiones por antigüedad, de las cuales 6 fueron para personas de confianza y el resto para sindicalizados; en este apartado el monto mensual que tendrá desembolsar cada mes el Instituto es de 67 mil 40 pesos.

También está el rubro de pensiones por edad avanzada, y fueron 14 personas las que cumplieron los requisitos, de los cuales 7 fueron trabajadores de confianza y 7 más son sindicalizados; en este rubro el Instituto acumula una obligación mensual de 112 mil 624 pesos.

En el caso de las pensiones otorgadas por viudez, el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones autorizó nueve, que representan una erogación mensual 69 mil 20 pesos.

La pensión más alta otorgada en este periodo fue para Marycela Fabián Uresti, por más de 16 mil pesos, de acuerdo con su tabulador, sin embargo, hay pensiones otorgadas que apenas llegan a los 3 mil 696 pesos mensuales, que son la mayoría.

Anualmente el Instituto de Pensiones tiene que pagar más de 375 millones de pesos en pensiones de burócratas estatales, sin embargo, su ingreso, al menos con cifras de 2019, no rebasa los 282 millones de pesos, por lo cual cada año existe un déficit que debe subsidiar el Gobierno Estatal.