Cuando a un mexicano se le pregunta en qué piensa cuando escucha la palabra corrupción, inmediatamente lo relaciona con los políticos y funcionarios públicos; la percepción cambia cuando se le pregunta sobre sobornar o poner un diablito en el medidor de la luz para pagar menos por el consumo. Eso lo califica como un acto de “astucia”.

Este es uno de los hallazgos de la investigación realizada por la organización Opciona, que incluyó el análisis de 16 grupos de enfoque, una encuesta representativa nacional y un estudio etnográfico.

El estudio realizado entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, demostró que los mexicanos sólo ven la corrupción en los demás: 96% respondió que participa poco o nada en actos corruptos.

A decir de la organización Opciona, cuando confrontaron a los encuestados con la posibilidad de que ofrecer una mordida para pasar la verificación, poner un “diablito” en el medidor de la luz y contratar a un familiar en el trabajo sean actos corruptos, la reacción fue exactamente contraria.

Los encuestados explicaron que esos casos son ejemplo de “astucia”, “audacia” e “ingenio”. En cambio, 79% de los encuestados relacionó la corrupción con el gobierno en general, la policía, los gobernantes y burócratas.

A la pregunta de cuáles son las mayores afectaciones derivadas de la corrupción, los encuestados respondieron que hay más delincuencia común, problemas económicos, que existan malas autoridades (policías y funcionarios públicos) y nepotismo, entre otras.

En la encuesta aplicada por la empresa Votia, los mexicanos ubican a la corrupción como el cuarto problema más preocupante en el país, con 8% de las menciones. El principal problema, dijeron, es la inseguridad (29%), seguido de la economía (18%), la delincuencia común (10%).

Para combatir la corrupción, dijeron los encuestados, la principal acción debe ser “educar a los niños y jóvenes para que en el futuro no cometan actos de corrupción”.

Como segunda acción está imponer “sanciones duras para políticos y gobernantes que cometan actos de corrupción” y por último, también sancionar a los ciudadanos corruptos.

Sin embargo, señalan que el gobierno es el principal responsable de la lucha contra la corrupción en el país (24%), mientras que 20% consideró que le corresponde a los ciudadanos y 14% dijo que es responsabilidad del presidente de la República.

Los sobornos en empresas

La corrupción, sin embargo, no es privativo de un sector. De acuerdo con Transparencia Internacional, los pequeños sobornos significan “un gran problema” entre las iniciativa privada, toda vez que 80 de las 100 empresas no reportan que tengan una  política expresa que prohíba “los pagos de facilitación”.

De acuerdo con el estudio Informe TRAC: Transparencia en Información Corporativa: multinacionales de economías emergentes 2016, las empresas tienen, además, un “sistema frágil” para la denuncia, toda vez que 4 de cada 10 carecen de vías para que los empleados denuncien presuntos incumplimientos de la política anticorrupción de la empresa.

El informe evaluó a100 de las principales multinacionales de mercados emergentes con sedes centrales en 15 países y presencia activa en 185.

Aunque 84 de las 100 empresas anuncian de manera pública que han asumido el compromiso de respetar, las leyes aplicables, incluidas aquellas contra la corrupción, sólo 67 informan públicamente una política de tolerancia cero con la corrupción.

Apenas19 empresas declaran que prohíben los pagos de facilitación, es decir, sobornos y solamente 10 empresas afirman que tanto sus empleados como miembros de la junta directiva han recibido formación con respecto a la política anticorrupción de la empresa.

Pero los empresarios, igual que los ciudadanos, rechazan que ciertos actos sean corruptos, en cambio, los etiquetan como “pagos de facilitación”. Sin embargo, Transparencia Internacional advierte que “son sobornos y deben tratarse como tales”.

Los pagos de facilitación, dice en el informe, forman parte de “un círculo de sobornos que menoscaba los estándares públicos y comerciales”, que contribuyen a generar “sobornos en mayor escala en el sector público y el robo en el estado”.

En tanto, a los gobiernos, dice el informe, les corresponde implementar leyes rigurosas contra el soborno y destinar los recursos necesarios para su aplicación. Al controlar la aplicación de la legislación contra la corrupción de manera estricta es “crucial para incentivar a las empresas a adoptar medidas más firmes contra esta práctica”.