CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) trata por todos los medios evitar, retrasar o reducir los montos, hasta donde sea posible, de pagos a proveedores y contratistas que realizan trabajos de rehabilitación en refinerías.

Los adeudos o pasivos financieros que arrastra desde 2017 con proveedores se ha convertido en una pesada carga que, de acuerdo con sus estados financieros, asciende a 180 mil 535 millones de pesos al primer trimestre de 2020.

A través de auditorías internas, se revisan una y hasta tres veces contratos vigentes y concluidos para detectar el mínimo detalle con el que puedan justificar pagos inferiores o, a su juicio, trabajos que “no debieron pagarse o ejecutar, u observaciones pendientes de justificar”.

La búsqueda de las auditorías se sustenta en observaciones que se catalogan como “No procedentes”, es decir, aquellas que unilateralmente los revisores determinan que la Residencia de Obra no debió pagar y que para ellos no tiene justificación, aunque la contratista haya ejecutado los trabajos bajo los requerimientos del contrato legal.

En las observaciones que determinan como “Pendientes para justificar”  dan un plazo al Residente de Obra de cinco días para presentar las evidencias, tiempo muy corto por la información documental que se elabora para estos contratos.

En estas operaciones participan desde el presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Pemex, Juan José Paullada Figueroa; el director Corporativo de Finanzas, Alberto Velázquez García; el director Corporativo de Administración y Servicios, Marcos M. Herrería Alamina, y el titular de la Auditoría Interna, Francisco Javier Vega Rodríguez.

Entre estos casos están revisiones a los adeudos de la refinería de Minatitlán con proveedores por 3 mil 541 millones de pesos y adeudos de la Refinería de Madero por obras de rehabilitación ejecutadas en 2017.