El papa Francisco promulgó hoy nuevas medidas sobre la contratación del personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano para evitar casos de corrupción, después de los últimos escándalos en la gestión de las inversiones de la Santa Sede.

Con el nuevo "motu proprio" (documento pontificio) del papa publicado hoy, se introducen nuevas reglas para evitar que se manifiesten "conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general", según escribe Francisco.

Las nuevas medidas llegan en un momento en el que las investigaciones vaticanas han revelado que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberlo engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas

Con estas reglas, quienes prestan su obra en los dicasterios (ministerios) del gobierno vaticano, en las instituciones vinculadas a la Santa Sede y en las administraciones de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano "tienen la responsabilidad particular de rendir la fidelidad de que habla el Evangelio, actuando según el principio de transparencia y en ausencia de cualquier conflicto de interés", añade Francisco.

El papa decidió añadir artículos al Reglamento General de la Curia Romana, con una medida que concierne a todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3 (es decir, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años) y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión.

Todos tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirmen que "no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción".

Tampoco podrán "estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal".

Además, deben declarar "que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios)". 

Deberán garantizar, añade el nuevo reglamento, "que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas".

La Secretaría para la Economía "podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas en papel por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos".

Por último, se prohíbe a todos los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos afines aceptar, por razón de su cargo, "regalos u otros beneficios" de un valor superior a 40 euros".