Al advertir que el endeudamiento del país podría ser inmanejable, los senadores  panistas Ernesto Cordero, Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle presentaron diez propuestas en materia económica que generarían un ahorro de 343 mil 897 millones de pesos para destinarlos al pago de la deuda pública.

Entre sus propuestas se encuentra la fusión de las secretarías de Economía, Turismo y Energía, pues juntas podrían formar una nueva Secretaría de Economía, con 50% menos del presupuesto etiquetado actualmente a las tres dependencias.

También la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Procuraduría y tribunales agrarios.

La decena de propuestas que generarían un ahorro de 343 mil 897 millones de pesos se sumarían a los 239 mil 94 millones de pesos de los excedentes del Banco de México “tomando como base los excedentes reportados en 2016”. En total 582 mil 991 millones de pesos, equivalentes a 2.91% puntos del PIB, que serían utilizados para disminuir la deuda del país.

El decálogo del exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero; del expresidente del Senado, Roberto Gil, y de uno de los principales promotores de la Reforma Energética, Jorge Luis Lavalle, resaltan que la Comisión de Energía del Senado revise la estructura de costos de gasolinas, diesel y gas licuado de petróleo, así como de la aplicación de subsidios focalizados para control inflacionario al diesel agropecuario, diesel marino y al transporte de productos.

La Comisión también estaría facultada para evaluar el grado de avance y el plan a corto plazo para la disminución de brechas e ineficiencias de Petróleos Mexicanos para el transporte y almacenamiento de combustibles.

"Proponer una simple reducción de impuestos o el retorno a subsidios regresivos y caros, sin realizar un análisis profundo y sin considerar las diversas implicaciones, podría darnos un resultado contraproducente, al grado no sólo de generar un incremento aún mayor a los precios que pagamos los ciudadanos, sino además en un escenario más complicado de las finanzas públicas”, argumentan.

Plantean también la reducción a la mitad el presupuesto público a los partidos políticos durante las campañas electorales y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias.

Añaden la reducción del 10% al gasto programable de la administración pública federal, con excepción de los rubros de salud, empresas productivas del estado y órganos reguladores coordinados.

También disminuir al 50% el ramo de Provisiones Salariales y Económicas o el Ramo 23 que incluye un fondo que se ha manejado discrecionalmente por diputados.

Asimismo, la creación de una comisión especial en el Senado de la República que analice y dé seguimiento del gasto y revise la evaluación de los programas sociales federales, estatales y municipales con el propósito de promover la Presupuestación Basada en los Resultados.