El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el gobernador Rubén Moreira Valdés, convocó a empresarios y sindicatos a un “pacto laboral” incluido el propio Gobierno del Estado, en el que se consideren los retos que en los próximos 15 años enfrentará la Entidad: crecimiento económico; estabilidad laboral; y mantener los derechos sociales.

Ante el exitoso fomento de la inversión extranjera en las regiones del Estado y la consecuente derrama de capital en empresas proveedoras, que a 4 años de Gobierno ha generado alrededor de 120 mil empleos, la propuesta del Mandatario no sólo es pertinente sino necesaria.

Eventualmente, las partes deberán acordar estrategias en torno al objetivo empresarial que al acumular capital a través de la productividad. En cuanto a la parte Gubernamental se deben fortalecer varios aspectos en categoría de política pública: educación y capacitación; infraestructura productiva y de servicios; seguridad pública; desregulación y agilización de trámites. Aspectos que en general se han cubierto adecuadamente. En cuanto a la parte laboral y patronal, los acuerdos del pacto son de confección más delicada y precisa.

En el desarrollo natural del sistema capitalista, la globalización como expansión progresiva del capital a escala mundial, con las menores restricciones y barreras, se potencializó a partir de la segunda mitad del Siglo 20, esto es el modelo económico de libre mercado. Resultado de eso es la Organización Mundial del Comercio (antes GATT), el TLC de América del Norte y demás tratados en el mundo, el reciente Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) que amplía los anteriores tratados de los Países firmantes.

Lo anterior implica aspectos fundamentales de productividad de la fuerza de trabajo: la calidad como condición de reembolso de la inversión y ganancia; aceleración el tiempo de producción por unidad para incrementar el volumen producido y abarcar más rápido el mercado; reducción de costos para precios competitivos, esto esencialmente en mano de obra; y no sobre ofertar los mercados para obtener la acumulación esperada. Los demás “factores” no son productivos, sólo son costos que se trasladan al precio final y no generan valor económico.  

La reforma laboral de 2012, flexibilizó la contratación para el uso –intensivo o no- de la mano de obra, consecuentemente esto ha facilitado la reducción de costos y la posibilidad de reducir los precios. 

En Coahuila, dada la promoción de inversión, se ha incrementado la rotación laboral y favorablemente el número de personas contratadas tiende mayormente a quienes obtienen de 2 a 3 salarios mínimos (con tasa de crecimiento promedio de 5.86 en 2012-2014), contrario a la tendencia nacional que se centra en las personas que obtienen de 1 a 2 sm (tasa de crecimiento promedio de 4.24 al 2012-2015).

El salario digno debe ser realidad, pero aunque el ingreso laboral se incremente marginalmente, en la parte obrero-patronal el pacto no se sostendría sólo en dicho incremento porque elevaría los costos de producción afectando los precios competitivos; más bien la propuesta sería en metas y objetivos de productividad para que ambas partes se beneficien.

El pacto tripartita debe fomentar e incrementar los estímulos para quienes en su trabajo son eficientes y productivos: que se capacitan oportunamente, son puntuales, colaboran en equipo y sus ideas favorecen los procesos; que reducen merma, logran metas de producción y calidad tanto individuales como colectivas; entre otros objetivos.

Estos premios e incentivos, económicos o en especie, lógicamente no deberán trasladarse a los precios. Esta estrategia contribuiría al tercer aspecto del pacto propuesto por la parte gobernante, los derechos sociales, que por supuesto incluyen el bienestar individual y familiar. 

En definitiva, en el pacto se debe incluir que los beneficios de la inversión también favorezcan a la base laboral, para que la distribución de la riqueza, como fundamento del desarrollo integral, inicie con acuerdos respetables y respetados de quienes están directamente involucrados en el crecimiento económico de la Entidad.