Los efectos de la pandemia del COVID-19 continúan ocurriendo en un escenario incierto en México, lo cual condujo a un “paro económico” declarado por el Gobierno Federal que detuvo la actividad económica de marzo a junio al 90% para proteger la salud de las y los trabajadores, afectando la dinámica económica con fuertes y abrumadores desequilibrios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre del año mostrado una caída brutal de 18.7 por ciento. Esta cifra representa la “peor crisis económica” que se tiene calculada –en un trimestre– del País, desde que se tiene información disponible en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), con una magnitud tres veces superior a la crisis de 1995 –error de diciembre– y 2 veces mayor que la crisis financiera de 2009.

Sin embargo, la actual recesión es atípica y extraña por como intervino el Estado mexicano, que dinamitó el comportamiento natural cíclico del modo de organización socioeconómica de producción capitalista precipitando la contracción económica que desembocó en la actual crisis, es decir, que en vez de que el Estado aplicara medidas anticíclicas para prolongar la bonanza o la estabilidad económica –como racionalmente debiera ser–, optó por impulsar la detención de la actividad económica y la movilidad –tanto humana como industrial y comercial– para salvaguardar la salud de los mexicanos, dejando el precedente que es más importante la salud que lo económico a pesar del gran costo que implica detener la actividad económica, contradiciendo a la narrativa de algunos especialistas o medios de comunicación que la política económica y de transferencias del actual gobierno “no estaba funcionando” y es el motivo de la presente recesión.

En pocas palabras, la crisis actual fue inducida por el Estado mexicano, sin embargo, el régimen de acumulación neoliberal que sustenta la estructura socioeconómica capitalista está en decadencia desde finales de la recesión financiera mundial de 2009, con crecimientos marginales que en cada periodo el crecimiento real de la economía es menor con fases cíclicas de largo estancamientos y recurrentes recesiones técnicas.

Con base al anterior escenario de recesión económica atípica y crisis sanitaria con alto grado de incertidumbre por la pandemia, existen una docena de gobernadores que no aceptan las políticas públicas de la presente administración federal y que niegan categóricamente la estrategia de mitigación para el combate del COVID-19, así como las formas de sobrellevar la “nueva normalidad” en los diferentes ámbitos públicos. Por ejemplo, rehúsan el semáforo de reactivación económica escalonado propuesto por la Secretaria de Salud federal y prefirieron proponer uno propio, no obstante, parece más táctica de comunicación política de “golpeteo” al Gobierno Federal que una estrategia que abone al combate de la pandemia.

Asimismo, los gobernadores disidentes que se autoproclamaron como “alianza federalista” exigen entre sus demandas la modificación del pacto fiscal federal, pues aseguran que es un pacto añejo y rebasado por las circunstancias actuales, por lo que plantean que debe haber una mayor redistribución de las participaciones federales a las entidades federativas que contribuyan más a la actividad económica nacional, si bien, este inconveniente llegó en un momento difícil para visualizar ciertas cuestiones en el entorno al debate del pacto fiscal.

Pero un detalle que no precisan los gobernadores es que la contribución a la economía nacional no es igual a la recaudación tributaria, que es con lo que se elabora el presupuesto de la federación año con año. Al PIB lo define el Fondo Monteriano Internacional (FMI) como “el valor monetario de los bienes y servicios finales, que son comprados por el usuario final, producidos en un país en un período de tiempo determinado” a diferencia de los impuestos que “es la cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración para contribuir a la hacienda pública por la adquisición de bienes y servicios o al recibir un ingreso”, existen dos tipos: progresivos (mayor nivel de ingresos mayor pago en porcentaje de impuestos); y regresivos (porcentaje menor de impuestos en la medida en que el ingreso aumenta).

Con base a los impuestos captados más las cuotas de aportaciones del IMSS e ISSSTE y las ganancias netas de las empresas paraestatales (Pemex, CFE, etc.) se elabora el presupuesto de egresos de la federación –que asciende a más 6 billones de pesos–  donde el Gobierno Federal tiene la virtud de repartir equitativamente acorde a las necesidades de cada entidad federativa mediante participaciones (presupuesto con uso libre para los estados), aportaciones (presupuesto etiquetada por la federación para obras públicas, entre otros rubros) y pago de capital e interés de la deuda –pública y privada–, tanto interna como externa que asciende a 12 billones 335 mil 962.4 millones de pesos equivalente al 49%, del PIB nacional.

Un reciente estudio reciente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la situación tributaria en América Latina, coloca a México en el quinto país con menos recaudación tributaria por debajo de Panamá, Paraguay, Republica Dominicana y Guatemala a nivel proporcional de su PIB con 16.1% en impuestos y el 0.9% de gravámenes locales en promedio de las entidades federales cuando el promedio de América Latina es de 23.1%, con respecto al PIB. Así pues, la exigencia de los gobernadores no es tan descabellada, es claro que es necesario una renovación del pacto fiscal federal, sin embargo, debe ir acorde a las necesidades nacionales y de los sectores más vulnerables del país, por lo que el pago de la deuda que estrictamente se debe hacer.

Es necesario que los gobiernos estatales y municipales también aumenten su recaudación local con impuestos progresivos, para no afectar a la clases marginadas; y se comprometan de recaudar impuestos federales por estado en la dirección local de recaudación del SAT de la Secretaría de Hacienda, para no depender de la federación. Además de buscar la reducción de ciertos rubros que son innecesarios en medio de la pandemia como en comunicación y en gastos personales, apostándole a la austeridad.

Las autoridades estatales deben estar a la altura de las circunstancias sin tanta parafernalia mediática, o sea sin “politiquería y grilla”, para así, encontrar una ruta en el escenario tan incierto que vivimos.