Ciudad de México,.– Pobladores de la comunidad de San Nicolás de Cuajinicuilapa en Guerrero, desarmaron a la policía de la comisaría y cedieron la vigilancia a los policías comunitarios de esa localidad, esto ocurre luego del aumento de asaltos.

La noche del sábado unos 25 pobladores tomaron las instalaciones de la comisaría y retiraron a los policías que se coordinaban con la Policía Municipal y cedieron la vigilancia a los integrantes de la Policía Comunitaria de los pueblos afros no reconocida por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

A su llegada los pobladores exigieron al comandante de la policía de la comisaría, Félix Hernández, que se sumara a la Policía Comunitaria para reforzar la seguridad por el aumento de asaltos.

El comandante se negó y los habitantes molestos le solicitaron la entrega de su credencial y su arma, lo mismo hicieron David Bracamontes Chona, quien fuera integrante de la Policía Comunitaria de la CRAC, también el segundo comandante Ignacio Pérez y Fredy Santiago.

Los pobladores también retiraron los logotipos de la Policía Municipal a una patrulla que fue entregada a los integrantes de la Policía Comunitaria para dar seguridad en la comunidad.

Consultado ayer por teléfono el Alcalde, Constantino García Cisneros de manera breve precisó que la policía no es municipal y que es de la comunidad, pero que sí se coordinaban con la Policía Municipal.

Indicó que el comisario de la localidad había dejado el cargo y que no se concretó oficializar a los elementos por eso la población decidió dar el control a los comunitarios quienes tienen una base a la afuera del poblado.

Guerrero, un estado predominantemente rural en el que abunda la pobreza, registró mil 832 homicidios en los primeros 10 meses de 2016 debido sobre todo a la lucha entre distintos grupos criminales que se disputan el control del territorio y que en muchas ocasiones trabajan coludidos con las autoridades locales.

El surgimiento de los grupos de autodefensa se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Guerrero. Las autoridades dicen comprender la frustración de los habitantes, pero hacen notar que con frecuencia esos grupos terminan secuestrando a los sospechosos, enfrentándose entre sí o impidiendo que la policía haga su trabajo.

El pasado lunes una comunidad se levantó en armas hartas de la violencia: San Miguel Totolapan, ubicada en plena región de cultivo de amapola y donde opera un grupo criminal liderado por Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, que además de traficar la pasta de opio, ha secuestrado, asesinado y cobrado rescate y protección a los pobladores.

Los vecinos optaron por retener a una veintena de personas que consideraban vinculadas a ese grupo y también a la madre de Almonte, que el jueves fue intercambiada por un ingeniero que los criminales tenían secuestrado.

El gobierno del estado, preocupado por la situación de violencia en la zona y por el hecho de que civiles se tomaran la justicia por su propia mano, optó por mediar en el conflicto y, mientras mantenía activo un operativo para capturar a “El Tequilero”, logró primero el intercambio entre la madre del capo y el ingeniero, y luego la liberación del resto de las personas.

Álvarez Heredia dijo que se consiguió este desenlace gracias a un “trabajo convincente con las autodefensas y las familias de los retenidos”, pero aseguró que nunca se negoció con el capo, que sigue prófugo.

Las autoridades se comprometieron a mantener el operativo de búsqueda y a reforzar la seguridad de la comunidad, cuyo principal problema es que la policía municipal “no está haciendo su trabajo”, agregó.

Con información de El Sur