Don Armando Guadiana Tijerina, empresario minero y taurino, también político polivalente, ha presentado una denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra el Gobierno de Coahuila, por las masacres de Allende y los asesinatos en el penal de Piedras Negras; todo ello en el contexto de la guerra desatada por el único presidente civil que ha usado el uniforme militar desde 1946 a la fecha, Felipe Calderón Hinojosa, que mucha vela tiene en el entierro de muchos inocentes asesinados durante su gobierno.

Desconociendo la querella no podemos opinar mucho al respecto pero, en primera instancia, llama la atención que este afamado taurómaco señale directamente al Gobierno de Coahuila como el responsable de las masacres –y que conste que aquí no decimos que dicho Gobierno esté libre de responsabilidad– sino que su acusación debió ser enfocada hacia “quien resulte responsable” (QRR) porque no creemos que el gobierno estatal sea el único imputable.

Asimismo, suponemos que tal denuncia de crímenes contiene una lista con los nombres y apellidos de las personas asesinadas, para que luego no vaya a suceder lo que pasó con las acusaciones en contra del expresidente Gustavo Díaz Ordaz que siempre exigió, a quien pudiera presentarlas, las listas de los centenares de muertos del 68, donde decía que se le podía acusar de haberlos incinerado, enterrado clandestinamente o de haberlos desaparecido pero que, de ninguna forma, se le podía acusar de haber desaparecido los nombres de los estudiantes; asunto en el que tenía razón este hombre que desde un principio aceptó su responsabilidad por la muerte de 40 manifestantes, lo que no deja de ser un crimen de lesa humanidad.

El caso de Allende es diferente porque será difícil acusar a las autoridades de ese momento –un Alcalde panista, un Gobernador priísta y un Presidente de la República panista– de dicha masacre cometida por la delincuencia organizada, no por autoridades del Estado mexicano, aunque seguramente éstas sean responsables por omisión.

Otra cuestión que será muy difícil esclarecer y que nadie se atreve a deslindar, es el hecho de que en adición a los inocentes masacrados, también hubo delincuentes ejecutados, lo que no es atenuante de culpabilidad pero sí motivo de polémica. Un fenómeno similar a la “Controversia Yasukuni”, nombre de la instancia que en Japón honra por igual a víctimas inocentes de la guerra y a genocidas partícipes de la misma.

Y de veras que nunca falta el que se disfraza de justiciero con propósitos político-electorales. El mejor ejemplo es Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, que desde la oposición exigía justicia en oligofrénicas manifestaciones y que ahora, sentado en el poder, lo que menos hace es procurar la justicia que tanto reclamó.

Asimismo, hoy vemos a don Santana Guadiana exigiendo justicia de manera vehemente. Hasta dicen que ahora lo acompaña un ruido devestiduras rasgadas al caminar porque, si Graco es griego, entonces Guadiana ha de ser un maestro de la ley, un fariseo constipado, un justiciero oligofrénico en busca del poder.