Buenos Aires, Argentina.- La Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) investiga maniobras por desfalco del Correo Argentino mediante el desvío del dinero de su cuenta bancaria a empresas que la controlan como Sideco y Socma, del Grupo Macri, lo que fue denunciado por la fiscal Graciela Boquín la semana anterior.

Esto volvió al escenario político el grave escándalo sobre el intento del gobierno de Mauricio Macri de condonar la deuda que el correo adquirido por ese grupo empresarial, en los años 90, tenía con el Estado argentino.

Precisamente los primeros retiros de fondos fueron el año pasado, cuando se estaba trabajando el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri sobre esa empresa postal, favoreciendo a éste con una rebaja de 98.87 por ciento de la deuda, lo que produjo un verdadero escándalo, que incluso afectó al gobierno más que el descubrimiento en abril de 2016 de los Papeles de Panamá, que revelaba cuentas abiertas en paraísos fiscales tanto en Panamá, como en Bahamas, que involucran al mandatario argentino.

Las investigaciones del diputado Darío Martínez, del Frente para la Victoria, quien imputó al mandatario el año pasado, en una denuncia penal, que comenzó con la participación de Macri y su familia en las sociedades Kamusha S.A. y Fleg Trading Ltd. llevaron a demostrar que una de estas sociedades había operado en Brasil, lo que negaba el mandatario. Pero la investigación fue más lejos hasta establecer otra serie de sociedades offshore en distintos países del mundo incluyendo cuentas en Suiza.

Recientemente el juez Federal Sebastián Casanello que se propuso avanzar en esta causa a pedido del fiscal Federico Delgado, sorprendió a un año de haber comenzado sus investigaciones declarándose incompetente para continuar en la causa, luego de estar en la mira de los medios de comunicación masiva, aquí como Clarín y La Nación, entre otros, que encubren a Macri.

Cassanello, quien había advertido sobre la falta de colaboración de las instituciones que debían hacer solicitudes a otros países en la investigación entre ellas la Cancillería, se desprendió de la causa que había logrado reunir importante documentación por el incansable diputado Martínez y por investigaciones de algunos medios como Página 12.

Esta acción de Cassanello intenta desvincular al mandatario de una operatoria de lavado de dinero. Detrás de esta situación también está evidenciada la vinculación del gobierno con algunos jueces que conforman salas de la Cámara Federal.

En el caso actual la misma fiscalía cuestionó el convenio entre el Estado y el Grupo Macri y lo declaró como “abusivo y ruinoso para las arcas públicas”. De acuerdo a una reconstrucción realizada por Página 12 “la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo de control del Estado, ya advertía en 2007/2008 sobre uno de los mecanismos dudosos luego utilizado para sacar dinero, que fue la compra por parte del Correo a Socma de acciones en una sociedad dedicada al negocio automotriz (Chery Socma SA), que nunca dio dividendos”.

De acuerdo a la investigación esta operación necesitaba una autorización del juzgado, “pero todo indicaría que no la gestionó nunca”. A lo largo de 2016 el Correo retiró dinero en cinco ocasiones de las cuentas del Banco Ciudad que corresponden al expediente y logró retirar diez millones de pesos “con autorización de la juez Marta Cirulli quien, llamativamente, en 2015 no había permitido retiros, pero el año pasado cambió oportunamente de opinión, y volvió a rechazar un nuevo pedido para sacar plata en marzo último, cuando ya se había hecho público” el escandaloso acuerdo.

Esto es lo que planteó la fiscal Boquín al interpretar que los retiros de dinero fueron “improcedentes e injustificados” y que en realidad se hicieron “en beneficio de otras empresas del grupo” Macri, en alusión a Socma y Sideco y “en perjuicio para las cuentas del Estado”. Abunda la funcionaria en una serie de detalles y mecanismos que se utilizaron, con gran precisión.

Pero el gobierno ha movido sus piezas y despidió al procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín, quien debía asumir la representación legal del Estado en remplazo del ministerio de Comunicaciones, cuyo asesor jurídico, Juan Mocoroa, había firmado el cuestionado acuerdo con respaldo del ministro Oscar Aguad.

“Balbín terminó una auditoría del concurso de acreedores el 10 de abril. Le puso su firma, y también lo hizo Guillermo García, jefe de Auditoría, quien también renunció. Como es evidente, se trataba de una investigación con resultados adversos al gobierno”, añadió Página 12.

El nuevo procurador elegido, es Bernardo Saravia Farías, abogado de un estudio que tiene como clientes a grandes empresas, entre bancos y minera. En su cartera de clientes figura el Grupo Macri. Es la forma de accionar gubernamental.

Macri compra jueces acusa el fiscal de represores En tanto, el ex fiscal adjunto del juicio a las juntas militares, Luis Moreno Ocampo, acusó al presidente Macri de “comprar jueces” para “atacar a los enemigos” y explicó, en declaraciones a una radio local, que el avance del mandatario contra la justicia es porque “si te quedás con los jueces federales, los usás para atacar a los enemigos”.

La sensación de que los juegos entre el poder, los poderosos medios de comunicación y la justicia, están evidenciando una acción peligrosa para cualquier democracia en estos momentos.

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto cuestionó la intención del episcopado de llamar a la “reconciliación” sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar (1976-1983) y consideró que “es herir susceptibilidades” y “abrir una brecha más que cerrarla”.

“No tenemos que reconciliarnos con nadie; yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto. Es un disparate. Es herir susceptibilidades, es como abrir una brecha más que cerrarla”, dijo Carlotto en declaraciones a radio El Mundo.

Se refería así a la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) que comenzó este martes sus deliberaciones , en las que se abordará la necesidad de “reconciliación” sobre lo ocurrido durante la última dictadura, para lo cual recibirá los testimonios directos de familiares de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado ejercido por la dictadura, y de víctimas del accionar de organizaciones guerrilleras.