Organizaciones civiles pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, cambiar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, para que todos los datos de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses sean públicos.

En un carta enviada a Zambrano, dijeron que modificar el artículo para que todos los datos sean públicos permitirá generar "obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción".

También pidieron que eliminen la parte del artículo 32 que obliga a todas las personas que reciben o ejercen recursos públicos del gobierno a presentar estas declaraciones, pues "carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción".

La madruga del miércoles, el senador de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, presentó un paquete de reservas, entre ellas adiciones al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que significaría que cualquier persona que reciba recursos del gobierno o sea proveedor también deberá presentar las declaraciones.

Con el voto de los senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva Alianza se aprobó esta reserva. En el artículo 32, la ley dice que están obligados a presentar su declaración de situación de patrimonial y de intereses: los servidores públicos, "cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos" y "las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos" de los entes públicos.

Las organizaciones civiles dijeron que con este artículo no sólo políticos y empresarios proveedores del gobierno presentarían la 3de3, también "implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones".

"Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía", se lee en la carta.

Reconocieron la labor de los senadores en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, pero pidieron a los diputados corregir estos puntos y dijeron que confían en que los legisladores "honrarán su compromiso como representantes de la ciudadanía".

Firman la carta Javier Angulo (CIDE), Óscar Arredondo (Fundar), Guillermo Ávila (Fundar), Eduardo Bohórquez (Transparencia Mexicana), Mercurio Cadena (CIDE), Enrique Cárdenas (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), María Amparo Casar (Mexicanos Contra la Corrupción), Enrique Díaz-Infante (Centro de Estudios Espinosa Yglesias), Marco Fernández (México Evalúa y Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey) Sergio Huacuja (Barra Mexicana Colegio de Abogados), Max Kaiser (IMCO), Francisco López (COPARMEX), Sergio López-Ayllón (CIDE), Mauricio Merino (Red por la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (Red por la Rendición de Cuentas), María Elena Morera (Causa en Común), Juan Pardinas (IMCO), Haydeé Pérez Garrido (Fundar), Alejandro Rios (COPARMEX), José Roldán Xopa (CIDE), Pedro Salazar (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM).