Torreón, Coahuila. - La modificación del Congreso de Coahuila al artículo 57 del Código Penal del Estado, en la que reconoce que una persona no podrá ser juzgada si lesiona o causa la muerte a un individuo que ingrese a su vivienda, atenta contra los derechos humanos y la vida, dijo Gerardo Enrique Calvillo, delegado estatal de la organización Pro Libertad y Derechos Humanos de América Región Laguna.

Manifestó que como sociedad no estamos preparados para asumir una legislación de esta naturaleza y que la organización que representa está en desacuerdo con la aprobación de matar o lesionar en legítima defensa.

Más allá de las restricciones o candados que pueda tener esta legislación, la aprobación de esta ley manda un mensaje de que los gobiernos no promueven la sana convivencia y el respeto a los derechos humanos, sino todo lo contrario.

Señaló que la delincuencia se puede combatir con educación y cultura, pero desafortunadamente son rubros que el gobierno abandonada cada vez más, como lo demuestran las restricciones presupuestales que se aplican a estos dos renglones, mientras que a los cuerpos policíacos represivos se les destina más dinero.

Reprobó la intención del gobernador Miguel Ángel Riquelme, de reforzar el equipamiento de las corporaciones de seguridad estatales y solicitar al gobierno federal autorización para dotar a sus agentes de seguridad con armamento de uso exclusivo del Ejército, específicamente utilizar fusiles de asalto AK 47 en contra la ciudadanía.

Explicó que el mandatario estatal pidió la autorización al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Gobernación, para que las policías de Coahuila puedan operar con un calibre mayor y tener equipo artillado en los vehículos que se van a adquirir.

Se trata de militarizar a las policías y dan pie para reprimir a la población, a pesar de las múltiples quejas que tienen los cuerpos policíacos de la entidad en las organizaciones que defienden los derechos humanos, señaló.

Agregó que la organización que representa pedirá la revocación de la decisión del Congreso del Estado y que se apueste mejor a la educación y a la cultura para combatir la delincuencia.