El 7 de septiembre pasado, la Secretaría de Hacienda entregó el paquete presupuestal 2018 al Congreso de la Unión, documento que contiene los Criterios Generales de Política Económica, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. En el primero se establecen las proyecciones de las principales variables de la economía, las que inciden en la política fiscal del Gobierno federal.  En todo caso, analicemos si no debería ser al revés, es decir, qué tanto los ingresos y egresos del Gobierno impactan la dinámica económica.
Se proyecta que al cierre de este año el producto interno bruto (PIB) se ubicará entre 1.3% y 2.3%, la inflación en 4.9%, la tasa de interés en 7% y el tipo de cambio en 19.5 pesos por dólar.

En 2018 se estima que el PIB crecerá entre 2% y 3%, nivel de precios de 3% (?), tasa de interés de 7.3%, tipo de cambio en 19.1 pesos por dólar. Asimismo, el precio del barril de petróleo en 46 dólares.
Optimismo económico si se revisa lo que sucede actualmente en la economía nacional. El alza en las tasas de interés para reducir la depreciación del peso –de por sí amplio el diferencial de tasas ahorro-crédito– inhibe la inversión directa y eleva el costo crediticio del consumo, lo que no contribuye a la inversión directa: según Inegi, en julio pasado la inversión fija bruta y la actividad industrial se redujeron 1% mensual; las compras al por menor en el mes pasado se redujeron 2.5%; y se añade que no existe política industrial que dé rumbo al crecimiento de mediano y largo plazos.

Si la recaudación pasó de 9.7% del PIB en 2013 a 12.9% en 2015, en los dos años recientes se ha estancado; por tanto, el crecimiento del ingreso federal se estima en 3.6%, esto es 4.73 billones, sólo si se logra la recaudación en 13% del PIB, con el crecimiento económico necesario que debería ser por encima del 3%.

Además, parte de los ingresos en el año actual son los remanentes positivos por compra-venta de dólares del Banco de México: 321 mil 653 millones entregados al erario.

El gasto total crecerá en 2.2% real y sería 5.2 billones de pesos, pero gasto corriente y pensiones (sobre todo de Pemex y CFE que son deuda pública) registran crecimiento en 5.2%. Así, el gasto efectivo sólo será 3.73 billones (sólo 17 por ciento del PIB –en 2013 fue 21%–) y de éste, el gasto en inversión productiva será 15.9%–el menor en cinco años–, con reducción de 3.4% respecto a 2017.

Para seguridad operativa de las finanzas públicas y lograr la aceptación de calificadoras internacionales, se han reducido los compromisos financieros federales, así en 2016 fueron 50.1% del PIB, este año se espera se reduzca a 48% y para 2018 a 47%. Estrategia correcta, el problema es precisar en qué se han aplicado los recursos de deuda pública que en cuatro años casi se han triplicado, máxime que la inversión productiva se ha reducido.

Eso sí, año electoral: se proyectan transferencias adicionales de 100 mil mdp a entidades federativas y aumento de 110 mil mdp al gasto social y es previsible que éste aumente por los recientes desastres naturales en el centro y sur del País.

El paquete fiscal del año próximo se inscribe en un contexto mundial de desaceleración y no contribuye al crecimiento económico que sigue postergado. La aportación del presupuesto de ingreso-gasto federal será reducida para lograr las expectativas económicas 2018.