Mientras el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, “Alito” Moreno, ha adelantado que su partido está “dispuesto a dialogar” con el bloque legislativo que respalda la gestión del presidente López Obrador, los futuros representantes de Coahuila han advertido que respetarán el mandato de sus electores de ser un contrapeso.

Jericó Abramo, quien logró el triunfo en la elección del Distrito IV, dijo ayer que los legisladores coahuilenses -mayoritariamente priistas- serán “un contrapeso que ponga alto a las imposiciones impensadas, sin fondo jurídico, que son más de capricho que de construcción y de estructura”.

Las posiciones fijadas por la dirigencia nacional priísta y los legisladores coahuilenses de dicho partido retratan la disyuntiva que, de primera instancia, parecen tener quienes hicieron campaña ofreciendo “frenar” a la auto denominada cuarta transformación: ser una oposición sistemática al Presidente o mantener una posición dialoguista.

Visto un poco más de cerca el asunto parece claro que tal disyuntiva es solo aparente y que la actitud más responsable en este sentido es más bien la que tienda al centro y no a los extremos.

En efecto, no se trata de paralizar al país o de impedir que el Presidente de la República ejerza el mandato que los electores le otorgaron con sus votos. De lo que se trata, más bien, es de impedir que el poder público se ejerza con excesos o que las decisiones adoptadas desde la máxima magistratura nacional sean contrarias al interés colectivo.

En ese sentido, nadie habrá de reprocharles a los representantes de Coahuila, o de cualquier otra entidad del país, que apoyen todas las iniciativas presidenciales que impliquen beneficio para la población.

Lo que se espera de la reconfiguración del Poder Legislativo es, más bien, que dicho poder recupere el papel que el diseño institucional le tiene reservado: ser un contrapeso frente a las pulsiones autoritarias que, en el caso del presidente López Obrador, se han manifestado con toda claridad.

El mandato de las urnas no ha sido el de levantar un muro contra el cual choque toda iniciativa presidencial, sino el de restablecer las salvaguardas institucionales que en los últimos tres años se han perdido y que han dado lugar a decisiones irresponsables pero, sobre todo, que impidan la consumación de aquellas que se venían anticipando en las campañas.

En este sentido, la amenaza más importante tiene que ver con el ataque a las instituciones autónomas que a lo largo de las últimas décadas se han construido en México y que, con todos sus defectos, representan un contrapeso eficaz a la actuación irregular de todas las instituciones públicas.

Así pues, lo que los electores esperamos no es que la nueva integración de la Cámara de Diputados le impida al presidente López Obrador gobernar. Lo único que queremos es que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, sus decisiones se acoten para mantenerlas en el territorio de lo que permite la Constitución y las leyes.

El mandato de las urnas no ha sido el de levantar un muro contra el cual choque toda iniciativa presidencial, sino el de restablecer las salvaguardas institucionales.