El miércoles pasado se anunció la renuncia de Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Aunque no se dijeron los motivos, es claro que la renuncia tuvo que ver con la desastrosa visita de Donald Trump a México. Videgaray fue aparentemente quien convenció al Presidente de las bondades de la invitación y fue quien operó y organizó todo lo relativo al viaje de Trump, pasando incluso por encima de la Cancillería. Por si hubiere alguna duda al respecto, el propio Donald Trump se ha encargado de hacerle saber a todos que su intermediario con el gobierno mexicano fue Luis Videgaray.

Sin embargo, y con todo lo grave que haya sido, la visita de Trump quizá no hubiese sido suficiente por sí sola para detonar la caída del hombre más cercano al Presidente. En realidad, lo de Trump fue apenas la gota que derramó el vaso, ya que la gestión de Videgaray estuvo marcada por la controversia desde un principio: el bajo crecimiento económico durante esta administración (alrededor del 2 por ciento anual y en donde la desaceleración económica de 2013 se le puede atribuir enteramente a él y a su lentitud en el ejercicio del gasto público); el desproporcionado aumento de la deuda pública de más de 13 puntos del PIB en apenas cuatro años; sus recurrentes errores y exagerado optimismo sobre las expectativas de crecimiento económico; su evidente conflicto de interés con el Grupo Higa y su casa de Malinalco; etcétera.

El Presidente, agobiado por sus propios escándalos de corrupción, conflicto de interés, acusaciones de plagio y, más recientemente, por la visita de Donald Trump, se había visto sujeto en los últimos días a una presión y una crítica sin precedentes en la historia reciente. La unanimidad de la condena y el enojo eran tal, que hacer algún tipo de ajuste en el equipo de trabajo era algo casi inevitable. Esto le daba al Presidente la posibilidad de hacer un ajuste mayor y tratar de relanzar a su gobierno. Una vez tomada la que seguramente fue la decisión más difícil de todas (es decir, aceptar la renuncia de Videgaray), las posibilidades eran muy amplias. El Presidente pudo haber decidido, por ejemplo, una cirugía mayor en su gabinete. Pudo haberle pedido su renuncia a varios miembros del gabinete que no han dado resultados (hay varios) o pudo haber removido a los que han causado una división y una fractura estructural en su gabinete al estar pensando y actuando únicamente en función de la sucesión presidencial. En su lugar, el Presidente pudo haber optado por incorporar perfiles distintos, de grupos no necesariamente afines al suyo, personalidades reconocidas por la sociedad, y que hubieran representado una bocanada de aire fresco en una administración que empieza a ser caracterizada por la ineficacia y la desconfianza ciudadana.

El Presidente pudo haber designado como secretario de Desarrollo Social, por ejemplo, a un funcionario público talentoso y reconocido como Gonzalo Hernández Licona, actualmente presidente ejecutivo de Coneval; o a alguien como Enrique Cárdenas, actual director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Alguien como ellos habría estado libre de sospecha de intentar utilizar los recursos de Sedesol con motivaciones políticas y tendría las características y solvencia técnicas necesarias para hacer un buen trabajo en las políticas de combate a la pobreza. En cambio, el Presidente recurrió a la salida más fácil y quizá más equivocada de todas: nombrar como secretario de Desarrollo Social a Luis Miranda Nava, su compadre y hasta entonces subsecretario de Gobernación. Sin ninguna experiencia en materia de política social, sin ninguna cualidad técnica que permita suponer que hará un buen trabajo, pero con una enorme cercanía con el Presidente y con una trayectoria política cargada de cuestionamientos, Luis Miranda es precisamente uno de los más fieles representantes de la típica política mexiquense que tanto daño le ha hecho al Presidente. Se trató, pues, de otra oportunidad perdida, quizá la última, para recomponer a un gobierno que navega maltrecho y sin rumbo claro.

@esquivelgerardo
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