El abogado Gerardo Pérez Pérez consideró que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales que México ha suscrito fueron violados en el operativo de “Fuerza Coahuila” del pasado viernes en un inmueble de Armando Castilla, editor en jefe de VANGUARDIA. 

“La razón de ser de la Policía en las diligencias es garantizar que el actuario lleve a delante su trabajo. Hasta donde yo tengo conocimiento era evidente que la  razón de ser o la gestión que enderezaron los interesados que asistieron era saber qué estaba ocurriendo”, dijo. 

El especialista fue enfático al señalar que no se puede negar la posibilidad no sólo de que se defienda, que es el más humano de los derechos, sino saber de qué se trata la acción.

Pérez indicó que, incluso, el 133 Constitucional obliga al juez ejecutor, así se trate de un exhorto, a modular, a moderar, incluso a dejar sin efecto la diligencia, si esos actos son lesivos de los derechos humanos.

Exige SIP a Rubén que se respeten garantías 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el despliegue de fuerza en un inmueble de Grupo VANGUARDIA y envió una carta al gobernador Rubén Moreira, reprobando el operativo de allanamiento que involucró a 30 agentes de “Fuerza Coahuila”, maquinaria pesada y armas, operativo “comparable al que se le puede imponer a un delincuente”.

“Genera sospechas sobre posibles represalias contra el diario, al ocurrir pocos días después de la denuncia de actos de difamación, vigilancia e intimidación”, agregó la SIP.