Autoridades federales investigan a exfuncionarios del equipo de Emilio Zebadúa que fueron parte del esquema de presunto desvío de recursos conocido como La Estafa Maestra.

Documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ponen en la mira de las autoridades a distintos operadores del exoficial mayor, durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles, detenida el pasado 13 de agosto por una denuncia de desvío de recursos públicos.

El grupo, que está ligado a través de empresas, propiedades y conexiones políticas —que surgen desde su paso por el Gobierno del Distrito Federal— se trasladó casi íntegro entre las dependencias bajo las órdenes de Emilio Zebadúa, y fue pieza clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de La Estafa Maestra.

Se trata de Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, hoy investigados por autoridades federales.  

Los tres fueron directores en Sedesol: en la división de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sonia Zaragoza estaba encargada de la administración de bienes materiales; mientras que Claudia Morones y Enrique Prado tenían funciones en la adjudicación de contratos y la licitación y administración de bienes, según información de Declaranet. 

Los documentos oficiales muestran, además, que Emilio Zebadúa, Enrique Prado y Sonia Zaragoza firmaron convenios y anexos con la Universidad de Morelos, mismos que la Auditoría Superior de la Federación señaló como parte del mecanismo de desvío de 3 mil millones de pesos.

El posible vínculo con actividades irregulares de los funcionarios que hoy son investigados, se publicó en La Estafa Maestra en septiembre de 2017, pero también en un reportaje sobre la fabricación de facturas y documentación de entregables que publicó Aristegui Noticias en junio de 2018. 

Claudia Morones y Sonia Zaragoza

A Morones, Zaragoza y Prado los une una red de empresas y propiedades. Para explicar el vínculo, hay que mirar la revelación del equipo de Aristegui Noticias del 30 de junio de 2018, cuando reportó que la empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog se dedicaba a elaborar facturas, entregables, contratos e incluso actas constitutivas para La Estafa Maestra.

En esa empresa, Claudia Morones Sánchez era comisaria y en la investigación que se sigue actualmente contra Rosario Robles existe el testimonio de José Antonilo Orozco que indica que ella coordinaba la elaboración de entregables desde unas oficinas ubicadas en Tennyson 125, propiedad de Emilio Zebadúa desde el 2000. 

Claudia Morones fue directora de área en la Sedesol y en la Sedatu. En la investigación de la Fiscalía General se revisan las operaciones de Morones Sánchez y su familia. MCCI constató que se ha detectado una transferencia a su hermano Arturo Morones, de millón y medio de pesos en tres empresas extranjeras. El capital cayó en dos firmas italianas y una más ubicada en Malasia.

La compañía que involucra a Morones, Factores y Servicios Humanos Lizpog, además, está constituida por dos socias: Lizette Chávez y Lizzette Prado.

Lo que no se sabía es que una de ellas, Lizette Chávez Zaragoza, es hija de Sonia Angélica Zaragoza González, la funcionaria hoy investigada que fue directora general en la Oficialía Mayor de Sedesol y Sedatu, con Emilio Zebadúa. 

En Sedesol, Sonia Zaragoza fue parte del entramado que operó el desvío de recursos de La Estafa Maestra con la Universidad de Morelos: firmó el Apéndice 1 del Anexo Técnico del convenio entre la dependencia y la universidad que fue autorizado tanto por Zebadúa como por el rector, Alejandro Vera. 

El documento que firmó Sonia Zaragoza derivó en contrataciones por 159 millones de pesos para actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre que nunca se realizaron. 

En 2015, esta funcionaria se mudó a Sedatu junto con Emilio Zebadúa y se convirtió en directora general de capital humano.

Pero el vínculo con el círculo que operó La Estafa Maestra viene de más atrás: Sonia Zaragoza trabajó en el gobierno del Distrito Federal desde 1997 y hasta enero del 2000 como directora de recursos humanos del gobierno central, según lo plasmado en sus declaraciones patrimoniales. Ese, es el mismo periodo en el que Rosario Robles ejerció los cargos de Secretaria de Gobierno y Jefa de Gobierno de la ciudad. 

El vínculo con Enrique Prado 

La empresa Factores y Servicios Humanos Lizpog tenía otra socia: Lizzette Prado Ordoñez, hermana de Enrique Prado Ordoñez, el otro funcionario hoy investigado que ocupó la Dirección de Adquisiciones y Contratos de Sedesol de 2013 a 2015, y que posteriormente trabajó en Sedatu de 2015 y hasta febrero de 2019.

Como Sonia Zaragoza, Enrique Prado también firmó en Sedesol el Apéndice 1 y el Anexo Técnico 2 del convenio suscrito con la Universidad de Morelos, en el que la ASF encontró irregularidades por 140 millones de pesos.  

Pero ese funcionario además estaba encargado de supervisar que se cumplieran con los servicios. Fue incluso quien recibió los reportes y notas informativas de la Universidad que aseguraban que los trabajos se habían hecho completamente.

De esta forma, la empresa acusada de elaborar la papelería para maquillar los convenios que revisaba la Auditoría Superior de la Federación está ligada con los funcionarios del equipo de Emilio Zebadúa y que hoy están siendo investigados: Sonia Zaragoza, Claudia Morones y Enrique Prado. 

Propiedades, conexiones políticas e irregularidades 

Pero de la historia de Enrique Prado Ordoñez hay mucho más que contar. Su vínculo con Emilio Zebadúa, Sedesol y Sedatu no puede entenderse sin la relación con el PRD y el Gobierno del Distrito Federal. 

Previo a integrarse al equipo de Zebadúa en la Secretaría de Desarrollo Social, Prado trabajó en la delegación Iztacalco, al igual que su madre, María Luisa Ordoñez.

En 2006, cuando ella fue subdirectora de Centros Sociales y Culturales, coincidió con Alexandra Malpica, en ese entonces directora de recursos materiales y después Directora Jurídica de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal —entonces gobernado por el PRD—. 

Enrique Prado fue parte del equipo de la dependencia entonces encabezada por Armando Quintero hasta 2013, cuando pasó a Sedesol, pero no se fue solo: la misma Alexandra Malpica se convirtió en la coordinadora de asesores de Emilio Zebadúa en la Oficialía Mayor. 

Un dato más: en 2014, después de dejar Setravi, Enrique Prado ya tenía acciones de una empresa de transporte, específicamente en la que coordina la ruta de Transportistas Ejército Polanco, que corre en las inmediaciones de dicha colonia y el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, según documentos del Registro Público de la Propiedad. 

Es decir, solo unos meses después de su salida del gobierno capitalino, se asoció con los transportistas que supervisó y logró una concesión de camiones.

Sus conexiones políticas y presuntas actividades irregulares también se explican a través de propiedades. 

Después de vivir en la delegación Iztacalco, Enrique Prado buscó en 2015 comprar un departamento en la colonia Anzures, en Shakespeare 27.

En los documentos de la propiedad únicamente se registró su intención de compra. El departamento que costaba 5 millones de pesos finalmente no fue adquirido por él, sino por Mauricio Prado Moreno, tío de Enrique Prado, en 2019.

Meses antes, el tío del funcionario adquirió un inmueble en la colonia San Pedro de los Pinos, en la delegación Benito Juárez, por un valor de 6 millones de pesos. Pero antes de hacerlo hubo otros interesados en la propiedad: María de la Luz Robles Contreras y la empresa Constructora Resga. Ambas aparecen en avisos de compra venta en 2017 y enero y septiembre de 2018, respectivamente, según los documentos del inmueble.

A través de esa empresa y sus accionistas es que se vuelve a cerrar el círculo entre Enrique Prado, el PRD en la Ciudad de México e incluso Sedesol y Sedatu. 

Constructora Resga se creó en 2012 por Alfonso Galicia Reséndiz, Lorenzo García y Alfonso Galicia López. 

En éste último está la clave. 

Alfonso Galicia López es uno de los accionistas de la firma Arquilex, creada en octubre de 2018, pero también lo es Daniel Gutiérrez Quintanar, quien fue secretario del comité del PRD en Iztacalco y trabajó de julio de 2016 a marzo del 2017 en Sedesol, específicamente en la Coordinación Nacional de Prospera con funciones de auditoría y supervisión, según lo reportado en Declaranet.

Otro accionista de Arquilex es Guillermo López Acevedo, que en noviembre de 2018 comenzó a trabajar en Sedatu como personal de enlace en la Dirección General de Servicios Materiales que encabezaba… Enrique Prado Ordoñez.

No solo eso, Guillermo López Acevedo coincidió con Prado Ordóñez en Setravi, Sedesol y Sedatu. De hecho, el funcionario continúa trabajando en la dependencia que ahora encabeza Román Meyer. 

Y no es el único de los operadores de Prado Ordóñez que se mantiene en labores en la actual administración en Sedatu: en el directorio de la dependencia también está Ariadna Lisete Pontón Ramos, quien hasta la fecha es jefa de departamento en la Dirección General de Recursos Materiales. 

Pontón Ramos también trabajó en Sedesol entre 2013 y 2015 y, además, estuvo en Setravi en la Dirección General de Transporte, en el mismo periodo que Enrique Prado y Alexandra Malpica, según su perfil en Declaranet.

El grupo de Prado Ordoñez vinculado a Emilio Zebadúa fue de Setravi a Sedesol y después a Sedatu. Alexandra Malpica es la única de estos funcionarios que laboró en el GDF y en Desarrollo Social, pero no llegó hasta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Hasta ahora, los funcionarios que han sido vinculados a proceso por las investigaciones de la Estafa Maestra que involucran a Rosario Robles no están relacionados con el exoficial Mayor, Emilio Zebadúa, y su grupo cercano, aunque están abiertos los expedientes con investigaciones.

Apenas este mes, según información publicada por el diario Reforma, Enrique Prado y Sonia Zaragoza, al igual que Emilio Zebadúa, interpusieron un recurso judicial para reclamar la revisión a sus cuentas bancarias porque los procesos judiciales, aseguraron, no se llevaron conforme a derecho.