Tras estimar que hubo “al menos 89 políticos y 35 candidatos a puestos públicos asesinados” previo a elecciones del 6 de junio, las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de los Estados Americanos (OEA) pidieron a México resolver todos y cada uno de los delitos.

Si bien la OEA desplegó en México misiones de observadores electorales durante los comicios del domingo, que aseguraron que el proceso fue pacífico y ejemplar, la organización con sede en Washington D.C. explicó que los asesinatos de candidatos políticos no pueden ser simplemente olvidados:

“La jornada electoral transcurrió sin grandes incidentes y con respeto a protocolos sanitarios que requiere la pandemia del coronavirus (COVID-19); sin embargo, las votaciones siguieron a las campañas más sangrientas en la historia moderna del país”.

Un grupo de relatores especiales de la OEA y de la ONU explicaron en un comunicado de prensa difundido en redes sociales, que las autoridades de México están obligadas a garantizar “un periodo postelectoral pacífico”, investigar asesinatos de candidatos y atropellos a los derechos humanos.

“Llamamos a las autoridades de México para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública, y que garanticen que futuras elecciones se celebren de forma pacífica”.

Pese a indicar que México tiene un compromiso de procuración de justicia hacia los candidatos asesinados, la OEA destacó la “implementación de una estrategia para frenar la violencia política” por parte del Gobierno federal, así como “esfuerzos genuinos” de no discriminación.

Según estimaciones de la OEA, las campañas electorales en México dejaron “250 asesinatos” de tintes políticos contra candidatos y otras figuras. Además, dijo que “al menos 782 ataques” también afectaron a familiares de los aspirantes, a periodistas y funcionarios no políticos.