Ciudad de México. La ONU-DH "reafirma la validez de la metodología y de los hallazgos de su informe sobre denuncias de tortura y encubrimientos en el caso Ayotzinapa, tras las críticas hechas públicas el lunes (7 de mayo) por el Gobierno mexicano", indica un comunicado difundido simultáneamente en la sede de Ginebra y México.

La oficina de Jan Jarab, representante en el país latinoamericano del Alto Comisionado, indicó que, "después de una lectura minuciosa de la respuesta del Gobierno de México, reafirma que operó dentro del mandato establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno mexicano en 2002 que estableció su oficina de país", durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006).

Además, señaló que el informe se elaboró "de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la decisión del Gobierno (del presidente Enrique Peña Nieto) de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018".

El documento de marras, titulado "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", publicado el 15 de marzo de 2018, concluyó que hay "fuertes elementos de convicción para considerar que al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente".

Revelaba además el hallazgo de que esas "serias violaciones" fueron a su vez "inadecuadamente investigadas y encubiertas".

El Gobierno respondió tras el informe que calificó de "prematuro", que su publicación "no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la continuidad de sus actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado".