Ciudad de México. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dieron su respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a las descalificaciones en su contra emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades federales.

Los relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Clément Nyaletsossi Voulet y Michel Forst, respectivamente, dirigieron una carta al presidente López Obrador en la que expresaron su preocupación por las afirmaciones contra la CNDH.

Señalaron que han recibido informaciones que son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica atención inmediata, y que la opinión pública debe ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las afirmaciones referidas.

Indicaron al mandatario federal que la CNDH es una institución acreditada con estatus “A”, toda vez que cumple con los denominados Principios de París y, sin prejuzgar sobre la información recibida, manifestaron su preocupación respecto de las acciones y declaraciones en su contra, ya que las instancias defensoras de derechos humanos son actores clave en la promoción del derecho a defender las garantías fundamentales y están llamadas a ser la piedra angular de los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos.

Mencionaron que el organismo nacional contribuye a generar un ambiente propicio para la promoción y la protección de los derechos humanos, por lo que es fundamental que el titular del poder Ejecutivo promueva espacios de diálogo y reafirme su compromiso con esas garantías en sincronía con las instituciones nacionales que cumplen con su mandato de protegerlas y promoverlas.

“Es preocupante que a través de declaraciones públicas, el titular del poder ejecutivo federal desacredite la independencia de una institución nacional de derechos humanos (…) Lamentamos que de ser verificados estos hechos, pongan en riesgo la independencia de los organismos autónomos, como lo es la CNDH, toda vez que desde una posición pública de poder, tales declaraciones no conducirían a crear un entorno propicio para que dichos organismos puedan llevar a cabo las funciones previstas en su mandato, sin injerencias del poder ejecutivo”.

Las diferencias entre las instituciones de derechos humanos y el gobierno son entendibles, dijeron, por lo que el debate público sobre la actuación de esos organismos es un elemento de fortalecimiento para los mismos.

“Sin embargo, las expresiones deben realizarse de forma cooperativa, dentro de los estrictos límites del funcionamiento de la institución, ya que son preocupantes el lenguaje y los medios empleados por el Ejecutivo federal al referirse al trabajo de la CNDH, ya que generan un entorno hostil que deslegitimiza tanto a ese organismo como la labor de protección y promoción de los derechos humanos en general”.

Los expertos agregaron: “Nos preocupa en particular el impacto que estas declaraciones pueden tener en la sociedad, y sobre todo en las personas defensoras de derechos humanos, que pueden sentirse en menos seguridad para ejercer plenamente su labor. Igualmente tienen un impacto en la plena vigencia de los derechos humanos, particularmente de quienes se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”.

En el documento, enviado desde Ginebra, Suiza, y que fue difundido hoy por la CNDH, los dos relatores especiales dijeron tener información respecto del rechazo de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar a la Recomendación 29/2019 de la CNDH –referente a la desaparición del programa de estancias infantiles—, con la justificación que el Estado mexicano no incumplió con el principio de progresividad y no regresividad.

También conocen –añadieron— las expresiones del presidente López Obrador que rechazó esa Recomendación durante una conferencia de prensa, calificándola como “inaceptable y hasta una vergüenza”, a lo que agregó que de aceptarla se cometería una violación de derechos humanos.

Frente a ello, los expertos de la ONU recuerdan al mandatario federal que, como lo establece la Constitución, todo servidor público está obligado a responder a las recomendaciones del organismo nacional, y en caso de no aceptarla, la negativa debe estar fundada, motivada y hacerse pública.