Los senadores Ricardo Monreal,de Morena, y Jorge Carlos Ramírez Marín,del PRI, convocaron a la firma del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México con industriales en el ramo y organizaciones como Oceana y Greenpeace, quienes denunciaron que se les está incitando a firmar pese a que desconocen su contenido.

En el Senado hay al menos 13 iniciativas de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), sin embargo, el contenido del acuerdo fue lo que puso en duda a las organizaciones civiles.

“Con Greenpeace y otras organizaciones participamos en el proceso de parlamento abierto en el Senado. Hoy nos invitan a firmar un acuerdo sin mostrarnos su contenido (...)Se realizaron ocho sesiones de parlamento abierto. Confiamos en que Ramírez Marín y Ricardo Monreal retomen las propuestas de sociedades civiles, no se dejen engañar por la industria y no quieran engañar a los ciudadanos, porque reciclar no es suficiente”, dijo Oceana.

El documento, al que MILENIO tuvo acceso, convoca a la industria de los plásticos a asumir compromisos voluntarios ante el problema de la contaminación plástica, pero no menciona la urgencia de reducir la producción de plásticos, como han demandando las organizaciones en la Alianza México Sin Plásticos, como Oceana y Greenpeace, al contrario, abre la puerta a que el sector industrial actúe con discrecionalidad al implementar medidas para reducir los plásticos de un solo uso.

“El Acuerdo Nacional por la Nueva Economía de los Plásticos, una oportunidad para asumir con corresponsabilidad el rol que corresponde en la cadena de valor del plástico, encontrando soluciones a la contaminación por residuos plásticos. Para hacer realidad esta visión, los firmantes se han comprometido a establecer ambiciosos objetivos para el 2030 trabajando para eliminar los artículos plásticos innecesarios, mediante la innovación y el rediseño para que todos los plásticos sean reusables, reciclables, compostables o aprovechables”, indica el documento.

Según los expertos, se trata de un ejercicio de buena voluntad y no es vinculante, ni lo hace integrado a cambios en la legislación, ya que "lo voluntario es letra muerta”. “Repensar, reciclar, rediseñar y todos esos intentos son insuficientes, simplemente porque nuestro nivel de producción es apabullante”, reclamó Oceana; mientras que Greenpeace reprochó que tuvieron menos de 24 horas para conocer tal acuerdo nacional, lo que de acuerdo a ellos, habla de la falta de transparencia y legitimidad", indicaron.

Argumentan que adoptar el acuerdo no ataca la raíz del problema ni propone soluciones reales, sino que mina la adopción de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) que ya se han introducido como propuestas en el Senado para su dictaminación. 

"El cambio verdadero vendrá de la aprobación de legislaciones, no de la firma de acuerdos voluntarios no vinculantes”, comentaron.

Además, el acuerdo coloca la principal responsabilidad de la contaminación plástica en las personas, cuando la responsabilidad extendida al productor debe estar incluida en la ley para asegurar que los productores y distribuidores de envases y empaques de plástico asuman el papel que les corresponde en el diseño y uso de los mismos, así como en la gestión de los residuos que generan.

Las propuestas para solucionar el problema que propone el acuerdo se basan en el post-consumo, apostándole por la valorización de los residuos para generar nuevas materias primas a ser aprovechadas, a través de medidas como el reciclaje.

Sin embargo, Greenpeace ha insistido en las soluciones pre-consumo para lograr que un verdadero cambio, a través de una reducción en la producción y comercialización de plásticos de un solo uso y la apuesta por la innovación y el rediseño de los envases, envolturas y empaques para los productos que eviten la generación de residuos desde el origen.