En los últimos dos años, el gobierno federal ha atendido a través de becas sólo al 10 por ciento de las personas con algún tipo de discapacidad en México y también ha recortado millones de pesos a la institución que defiende sus derechos humanos.

Especialistas en la materia criticaron que los discapacitados que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, ascienden a 10 millones 244 mil 643 personas, han quedado en el olvido ante la falta de una política pública integral que les permita conseguir empleo, educación, acceso a un deporte, mejor movilidad o erradicar la discriminación en su contra.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es el principal programa social del gobierno para atender a esta población. En su segundo informe de actividades, publicado el año pasado, la Secretaría de Bienestar comunicó que había entregado esta beca a 850 mil personas y que su meta era el millón.

Con esos datos, la estrategia de la dependencia sólo contemplaba beneficiar al 10 por ciento de los 10 millones de discapacitados que hay en el país, en parte porque los apoyos económicos sólo están pensados para jóvenes de 0 a 29 años, así como adultos de 30 a 67 años que viven en zonas de alta marginación.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han detectado fallas en el diseño y desempeño de este programa, lo cual haría más complicado que las personas con discapacidad mejoren su vida.

“En 2019, en el primer año de su operación, el programa a cargo de la Secretaría de Bienestar si bien otorgó apoyos a 837 mil 427 personas, presentó deficiencias en su diseño e implementación, que incidieron en que no se acreditara el cumplimiento de sus objetivos de contribuir al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la pobreza y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad”, señaló hace un par de meses la ASF en su informe de 2019.

Especialistas cuestionaron la visión asistencialista del gobierno y señalaron que en sexenios anteriores, aunque había deficiencias, existían propuestas para que esta comunidad participara en distintas actividades.

‘DEBILITAN’ PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS

Además del alcance limitado de las becas, en este sexenio ha habido recortes presupuestales a programas y dependencias que atienden a discapacitados.

El año pasado se dio a conocer que, con la eliminación del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No Escolarizada y Mixta, casi un millón de jóvenes con discapacidad perderían la oportunidad de seguir estudiando.

De igual forma, el Conadis, dependencia federal que debe establecer la política pública en favor de esta población en coordinación con otras instituciones, sufrió un recorte presupuestal de 26 millones 351 mil 259 pesos para 2021, respecto a 2018. Con información de El Universal