Octubre, cuarto peor mes de 2016

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Octubre, cuarto peor mes de 2016

El pasado 15 de noviembre en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentamos el Reporte de Delitos de Alto Impacto, referente al comportamiento de varios delitos (homicidios, secuestro, extorsión, robos y violación) en el mes de septiembre, con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el Reporte dimos cuenta de que septiembre fue el mes con mayor número de víctimas desde enero de 2014 cuando se comenzó a contabilizar este dato; asimismo, fue el mes con más homicidios dolosos del actual sexenio; que el caso de septiembre no era aislado, sino que se adscribía a un periodo de alta violencia ya que en su momento julio y agosto de 2016 también fueron los meses respectivamente más violentos del sexenio, y aún más, agosto y septiembre habían sido los meses con más homicidios por armas de fuego desde 1997. En el Reporte también analizamos los problemas de incidencia delictiva local y la falta de rendición de cuentas por parte de entidades –Querétaro y San Luis Potosí– que modificaron sensiblemente información del número de eventos delictivos de 2015, sin explicar a la ciudadanía el porqué.

Obviamente el mensaje llegó y caló hondo; autoridades federales y locales manifestaron su desacuerdo, desestimaron el análisis, criticaron el tono y buscaron justificaciones. No obstante, no hubo un compromiso real por mejorar aspectos del panorama que nos tienen sumidos en esta crisis, nadie reconoció su incapacidad.

El malestar principal de la autoridad respecto a las declaraciones del ONC, fue nuestra afirmación de que seguimos careciendo de una estrategia de largo respiro, con indicadores comprobables de reducción de la violencia e incidencia delictiva.

Quiero cerrar haciendo énfasis en tres aspectos puntuales de la agenda de seguridad y justicia, que deberían estar dentro de la actual estrategia:

1. Fortalecimiento de las capacidades forenses; en el trabajo de campo del ONC lo comprobamos, hay procuradurías y fiscalías que carecen de todo –incluido el compromiso necesario– para investigar el homicidio, por lo que una víctima indirecta de este delito jamás obtendrá justicia.

2. No se debe minimizar la posible relación que existe entre la crisis de desapariciones y el homicidio. Actualmente en el ONC estamos desarrollando una investigación sobre este tema y, conectándolo con la debilidad forense, podemos suponer que el número de homicidios en el País quizás sea mayor al que conocemos debido a la falta de implementación de protocolos y unidades de búsqueda, así como de registros de hallazgos de fosas clandestinas. Este posible subregistro no es cosa menor si pensamos que se refiere a personas que están siendo buscadas por sus seres queridos y yacen en tierra de nadie sin que exista un compromiso del Estado, por lo menos, en que esta cifra no siga engrosándose.

3. Combate a los recursos de los criminales. Un delincuente puede seguir delinquiendo y comprando justicia aún desde la cárcel porque cuenta con los recursos económicos que se lo permiten. Actualmente parece marginal el esfuerzo que se hace para golpear el principal recurso que le permite seguir delinquiendo a alguien, el dinero.

Es entendible que la autoridad busque dar una justificación a la falta de resultados de sus estrategias, planes y programas, sin embargo, no es justificable que la respuesta sea un mero discurso, sin acciones que lo acompañen.
México lleva una década en crisis y así seguirá si el dinero destinado a gobernar termina en departamentos y lujos de autoridades corruptas; si se sigue negando el problema y trabajando con base en diagnósticos incompletos o superficiales, o si seguimos revictimizando a las víctimas con declaraciones como las del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, quien exhibe insensibilidad y falta de respeto por las personas e instituciones de seguridad y justicia diciendo que “90% de los homicidios es de personas que andaban en malos pasos”. México requiere instituciones sólidas, políticas públicas eficaces y autoridades capaces de rendir cuentas y es tarea de la ciudadanía vigilar que así sea.

@frarivasCoL