Ocho años de lucha: La Ruta de la Megadeuda de Coahuila
Durante la administración estatal 2005-2011 fueron contratados créditos -algunos irregulares con documento apócrifos- por más de 35 mil millones de pesos. A esa acción se le conoce como la “megadeuda de Coahuila”, y durante más de ocho años organizaciones civiles, ciudadanos y algunas autoridades han tratado de dar con la verdad de su destino, pero hasta hoy sin éxito.
Una nueva luz surgió cuando a la agrupación Coahuila Observa, a través de sus solicitudes de información, presentadas por su integrante Ana Cristina Vázquez Anchondo, logró que se obligara a la Auditoría Superior del Estado (ASEC) a entregar toda la información de la megadeuda.
Fueron ocho años de aciertos y errores en amparos, solicitudes de información y batallas legales ante los institutos garantes de transparencia, y tribunales estatales y federales, para llegar a obtener la desclasificación de la documentación de la megadeuda.
Sin embargo, no se pudieron echar las campanas a vuelo por el logro de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenara, vía el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), a la Auditoría entregar toda la información de la megadeuda.
UNA DECEPCIÓN MÁS
La respuesta final no logró la satisfacción de los ciudadanos de 21 organizaciones unidas en Coahuila Observa, porque si bien es cierto que se entregaron documentos, como oficios para iniciar procedimientos administrativos contra ex funcionarios, y parte de las denuncias penales contra quienes resultaran responsables de la deuda pública millonaria, no se logró obtener información sobre en qué se gastó.
La Auditoría Superior del Estado respondió el pasado 26 de junio a Ana Cristina Vázquez Anchondo que la información sobre obras en las cuales se gastó la deuda, no se encontraba en poder de la ASEC.
La respuesta, aunque cumple de momento con lo ordenado por el ICAI y el INAI a la ASEC, no satisface a la organización Coahuila Observa y sus 21 organismos integrantes.
Rosendo Villarreal Dávila, miembro de Coahuila Observa, dijo que no aceptan la respuesta y que volverán a la lucha por conocer la verdad sobre en qué se gastaron los 35 mil millones de pesos de empréstitos.
VAN DE NUEVO POR INFORMACIÓN
Villarreal Dávila anunció que interpondrán nuevamente solicitudes de información, ahora también en la Secretaría de Finanzas y otras instancias de la administración estatal, irán primero al ICAI y, si es necesario, también al INAI y al amparo, para obtener la información.
Organizaciones civiles y ciudadanos han tratado de dar con la verdad desde que se dio a conocer y se reconoció la existencia de la megadeuda en el año 2011, tras la revelación de que algunos créditos no estaban registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, la ruta para dar con la verdad, a través de una estrategia legal ante los órganos garantes de la transparencia, inició apenas el 18 de octubre de 2018, cuando Ana Cristina Vázquez, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Capítulo Coahuila, realizó una solicitud de información dirigida a la Auditoría Superior de Coahuila.
En la solicitud de Vázquez Anchondo, representante de diferentes organizaciones civiles expresan que es su interés conocer datos y documentos públicos. Solicitaron la información financiera del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.
¿QUÉ INFORMACIÓN PIDIERON?
“Una relación detallada de todas las obras correspondientes a inversiones públicas realizadas únicamente, por cada año solicitado, comprendiendo los siguientes conceptos: 1. Descripción completa de la obra realizada, 2. Ubicación y dirección de tal obra, 3. Costo total de la misma, 4. Nombre o razón social del contratista(s) o proveedor(es), 5. Dirección del contratista(s) o proveedor(es), 6. Número de contrato(s) con el contratista o proveedor, 7. Fecha de terminación de la obra”.
También “donde fueron invertidos los recursos de la deuda coahuilense que fue reconocida por la mayoría de los diputados de la 58 (Legislatura); deuda generada durante el periodo comprendido entre enero de 2009 a diciembre de 2011 (incluyendo la primera reestructura del Poder Ejecutivo), de acuerdo a los documentos de los informes del resultado correspondientes a los años 2010 y 2011, que esta auditoría mantiene publicados en su sitio web”.
En un segundo punto piden “un informe que detalle la forma, mecanismo, auditoría, proceso de comprobación o cualquier otra forma en que este organismo determinó que efectivamente, todos los recursos de la deuda coahuilense, contraída entre 2009 y 2011 se emplearon en inversiones públicas y obras públicas”.
Como tercer punto se solicita “una relación, por lo menos en digital, de los documentos que, se supone, el Poder Ejecutivo del Estado, mostró como información justificativa para sus cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2009 y 2010, en el rubro de aplicación y destino de los recursos contratados con los créditos que el estado tramitó y obtuvo en esos dos años, incluyendo los legales y los obtenidos de manera ilegal”.
LO NUEVO
> Se conocen documentos oficiales sobre las denuncias por la megadeuda de 2010 y 2011 ante la PGJE, hoy Fiscalía General del Estado.
> Oficios que la Auditoría Superior del Estado (ASEC) giró al órgano de control del Gobierno Estatal para buscar castigo a Jesús Ochoa e Ismael Ramos por negar información sobre la megadeuda.
> La Auditoría nunca recibió información ni documentos sobre la megadeuda por parte del Gobierno Estatal.
Largo y sinuoso camino por la Megadeuda
Inicialmente, el 19 de octubre de 2018 la Auditoría Superior contestó en el primer punto que la información financiera correspondía entregarla a la Secretaría de Finanzas; en el segundo, sobre los procesos de comprobación del gasto de la deuda, se respondió que se encuentra pública en los Informes del Resultado 2010 y 2011 en los apartados sobre la deuda.
En el caso el destino y aplicación de los recursos de la deuda pública, la ASEC contestó por primera ocasión que era información inexistente, y también pide se le soliciten a la Secretaría de Finanzas.
El ICAI admitió, antes de finalizar el 2018, un recurso de revisión interpuesto por Vázquez Anchondo a nombre de 21 organizaciones, pero el comisionado Javier Diez de Urdanivia de Valle confirmó la respuesta de la Auditoría; es decir, avaló todo lo planteado por la ASEC.
Una vez que Ana Cristina recurrió al INAI para inconformarse por la resolución del ICAI, este último instituto tuvo que acatar la revocación y ordenó a la Auditoría Superior del Estado dar una nueva respuesta a la ciudadana representante de 21 organizaciones.
Y aunque todo parecía favorecer a los ciudadanos para obtener información pública sobre la megadeuda, no fue así, porque en la respuesta de la ASEC entregada el 26 de junio se declara la inexistencia de la información principal que se solicitaba.
POCO AVANCE, PERO SIGNIFICATIVO
En términos generales, la ASEC dio la misma respuesta que había dado antes, salvo que hizo públicos oficios dirigidos a los ex titulares de Finanzas y Tesorería del estado, Jesús Ochoa Galindo e Ismael Ramos Flores, quienes retrasaron las investigaciones.
La Auditoría exhibe documentos en los cuales pide a la hoy Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas -antes Secretaría de la Función Pública-, iniciar procesos administrativos a los ex funcionarios Ochoa Galindo y Ramos Flores por incumplir con la entrega de información sobre la deuda.
Además, publicó parte de las denuncias dirigidas a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado, sobre la megadeuda, con lo cual se confirma que existen procesos legales contra quien o quienes resulten responsables.
Pero la insistencia de las organizaciones ciudadanas ha sido conocer el destino de los 35 mil millones de pesos, por ello es que pidieron las obras, los contratistas, las fechas, los montos y la ubicación de cada una de éstas, para cotejar si en realidad se invirtió esa cantidad en infraestructura, como se ha sostenido a lo largo de ocho años.
Según la Auditoría, se ordenó una búsqueda exhaustiva en la Secretaría Técnica, Auditoría Especial de Desempeño, Auditoría Especial de Cumplimiento, Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos, Auditoría Especial Financiera, Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Tecnologías de la Información, que son todos sus departamentos.
La conclusión fue que en ninguno de los departamentos de la ASEC se encontró la información solicitada; es decir, las obras que se realizaron dinero de la megadeuda.
LOS DATOS NUEVOS
Además, añade a su respuesta que tienen documentos que demuestran que se solicitó en su momento información a la Secretaría de Finanzas y a la Tesorería (hubo cambios de nombre en la Ley Orgánica en pasadas administraciones), pero no proporcionaron información o documentos que tengan relación con la información solicitada.
Incluso, advierte la ASEC, se solicitó una promoción de sanción administrativa en contra de Jesús Ochoa Galindo, porque no entregó la información financiera solicitada por la Auditoría en el año 2011.
De la misma forma se pidió sanción administrativa en contra de Ismael Ramos Flores, también por no entregar la información solicitad por la ASEC.
En ambos casos la información no entregada corresponde a parte de la que pide en su solicitud de información de Ana Cristina Vázquez.
La ASEC les pidió a los ex tesoreros de Coahuila que entregaran nombre de la institución financiera que entregó los créditos, número de contrato o folio, saldo final al ejercicio 2009, monto de amortizaciones, créditos contratados en el ejercicio 2010, las tasas con las que fue contratado, plazo de los préstamos, garantías otorgadas, fin o destino de los mismos (créditos), un detallado de los traspasos a las cuentas bancarias de la Tesorería General del Estado, por cada uno de los créditos señalados.
La Auditoría respondió también que la misma información se pidió al Servicio de Administración Tributaria de Coahuila y no hubo respuesta, por ese motivo no cuenta ni con documentos, ni con información respecto a la megadeuda.
En su respuesta, la ASEC da a conocer y exhibe documentos que demuestran la existencia de una denuncia ante la desaparecida PGJE en mayo del 2013 por el ejercicio fiscal 2010.
En la denuncia penal de 2013 se advierte sobre hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos en las cuentas públicas de la Tesorería General del Estado y del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), así como en la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco).
Denuncias sin avance
También se informó a los solicitantes que la ASEC presentó denuncias penales ante la PGJE por el ejercicio fiscal 2011, pero esto ocurrió hasta mayo de 2016.
Explica además que la ASEC realizó sus diligencias de manera correcta; sin embargo, al no recibir la documentación y la información solicitada, promovió no sólo los procesos de sanciones administrativas en contra de funcionarios públicos, sino también denuncias penales contra quienes resulten responsables.
“Por lo antes expuesto, esta Auditoría Superior se encuentra imposibilitada para proporcionar la información solicitada en virtud de que no obra en los archivos de ninguna de las unidades administrativas que conforman la estructura de éste órgano técnico fiscalizador, tal y como se desprende de las constancias señaladas”, explica la Auditoría.
De igual forma, la ASEC utiliza el mismo argumento sobre las otras preguntas de la solicitud de información: que no recibió información ni documentos de la entonces Tesorería General del Estado, ni de ninguna otra dependencia del Poder Ejecutivo, y por lo tanto no pude rendir respuesta sobre los mecanismos, auditorías o procesos de comprobación que realizó para determinar que el dinero de la mega deuda se destinó a inversiones públicas.
Aunque Coahuila Observa definió que irá por más solicitudes de información, cabe hacer notar que la misma Auditoría estaría obligada a recibir, si así fuera el caso, otro recurso de revisión de parte de los ciudadanos, y continuar con la búsqueda.
Sin embargo, el tema ahora apunta hacia la Secretaría de Finanzas, que en su momento no entregó a través de sus ex titulares señalados: Jesús Ochoa e Ismael Ramos, la información necesaria sobre los créditos, ni tampoco el destino de los mismos.
No obstante al esfuerzo de Coahuila Observa y otras organizaciones civiles, el avance en la transparencia de la megadeuda va a cuenta gotas en ocho años. Apenas se logra conocer documentos oficiales en donde se piden sanciones administrativas y penales contra ex funcionarios que participaron en la administración de los recursos públicos.
