En nuestro ámbito legislativo, tanto federal como local, son tres las principales vías de participación parlamentaria que tienen los representantes populares ante el Pleno del que forman parte: 1. Presentar iniciativas de ley, 2. Proponer puntos de acuerdo, y 3. Formular “pronunciamientos” en la denominada agenda política.

Naturalmente además de intervenir en los debates que dichas tres actividades susciten; en el caso de las iniciativas de ley, cuando sean objeto de dictamen y éste sea sometido al Pleno para su discusión y aprobación, en su caso.

Aún más importantes que las anteriores son, quizá, las actividades que los diputados realizan –deben realizar– en materia de vigilancia y control. Son numerosas las facultades que en esta materia les asigna la Constitución y la ley. Y no sólo por lo que hace estrictamente a la rendición y revisión de las cuentas gubernamentales, aspecto clave de la vida pública, pues son numerosas las de este corte que deben atender y son de su responsabilidad, aunque frecuentemente las pasan por alto, lamentablemente.

Tarea fundamental de la actividad legislativa es la presentación de iniciativas para la creación de nuevas leyes, así como para la reforma, adición y derogación de las vigentes. Es una función obviamente imprescindible, de lo que a veces se abusa al presentar piezas inviables, de escasísima relevancia o de plano inconducentes. No se diga de iniciativas para reformar la Constitución local, de las que constantemente se están presentando.

Desde que la actual 61 Legislatura de Coahuila quedó instalada, el 1 de enero de 2018, y hasta el pasado 6 de noviembre, los 25 diputados que la integran habían –habíamos– presentado 492 iniciativas de ley y 27 el gobernador del estado, para hacer un total de 519.

Considerando sólo las presentadas por los diputados (pues del Ejecutivo sólo faltaban cinco por dictaminar), habían sido objeto de dictamen 161, es decir, llevadas al Pleno para su discusión y aprobación o rechazo, y quedaban pendientes 331. Esto significa que apenas una de cada tres iniciativas de ley presentadas por los diputados había quedado resuelta, es decir, dictaminada, y las otras dos esperan serlo.

Por partidos, las iniciativas presentadas y el porcentaje de las que les han sido dictaminadas por las 26 comisiones que tienen a su cargo esta función, su distribución es como sigue: PRI 159 (39 por ciento), PAN 150 (34.7 por ciento), Morena 52 (25 por ciento), PRD 49 (36.7 por ciento), UDC 40 (10 por ciento), independientes 34 (23.5 por ciento) e interpartidistas 8 (50 por ciento).

El artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso establece que las Comisiones legislativas disponen de 60 días naturales para dictaminar las iniciativas de ley que les sean turnadas. El mismo precepto dispone que si alguna Comisión requiere de tiempo adicional puede solicitar su ampliación hasta por otros 60 días naturales “a fin de dictaminar”, y que “transcurrido este plazo no se concederá otra prórroga por lo que la comisión respectiva tendrá que resolver en definitiva la suerte del asunto”.

El problema está en que las comisiones rezagadas, en realidad prácticamente una –como veremos–, ni dictaminan ni “resuelven en definitiva la suerte del asunto”.

Como ya se dijo, el pasado 6 de noviembre estaban en espera de ser dictaminadas nada menos que 331 iniciativas de ley, y sólo por lo que hace a las presentadas por los propios diputados.

De dicho número, a 204 iniciativas, equivalentes al 62 por ciento del total, ya les habían transcurrido más de 60 días naturales sin haber sido objeto de dictamen, que es el plazo –digamos ordinario– que la ley señala para que se le elabore. Y de esas 204 iniciativas por dictaminar, 64 (el 31 por ciento) tenían más de 120 días en espera, que es –previa solicitud justificada– para casos de excepción y que rebasado este plazo la ley indica que ya no se concederán más prórrogas, y ordena “que la comisión respectiva tendrá que resolver en definitiva la suerte del asunto”. En la práctica no sucede así.

De las 26 comisiones dictaminadoras, la que presenta el mayor rezago es la de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, pues tiene pendientes de dictaminar 104 (52 por ciento) de las iniciativas que permanecen en espera y han rebasado ya el plazo establecido. Le sigue la Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas con 13. Las restantes 87 iniciativas se reparten entre las otras 24 comisiones dictaminadoras. El cuello de botella está, como claramente se observa, en la primeramente citada.

Hay una vieja y odiosa práctica legislativa en México: nunca dictaminar las iniciativas de ley incómodas, anteriormente las presentadas por la oposición. Podrían dictaminarlas desechándolas y llevarlas a discusión al Pleno, pero se le teme al costo político. A esta práctica se le conoce como poner las iniciativas en “la congeladora”.

Y por el contrario, cuando se dictamina con notoria precipitación, como frecuentemente hace por cierto la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia cuando se trata de las iniciativas enviadas por el gobernador, se conoce a esta práctica como legislar “al vapor”.

Qué curioso que todavía buena parte del trabajo legislativo en Coahuila oscile entre la congelación y el vapor.

@jagarciavilla