La Secretaría de Salud no logró, en 2019, tener una gestión eficiente, transparente y apegada a la normativa de los recursos del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos. El desorden fue tal que la dependencia y las entidades tienen pendientes aclaraciones por 2,663.9 millones de pesos.

Así lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Auditoría de Cumplimiento 167-DS, que forma parte de la evaluación a la cuenta pública 2019.

La ASF detectó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1,398.8 millones de pesos (mdp) en el IMSS y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Tabasco, que representaron el 52.4% del monto total señalado con inconsistencias.

De esos 1,398.8 mdp al IMSS le corresponden la mayor parte: 1,342.9 mdp.

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) es un programa de nueva creación en el ejercicio fiscal 2019.

En términos del artículo 9 transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, este programa sustituye al componente de salud de PROSPERA.

Su objetivo es garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios para la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, sobretodo en regiones de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de las 32 entidades federativas, incluyendo los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI y el IMSS Bienestar.

De acuerdo al marco legal y operativo del programa, la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) deberá implementar mecanismos de verificación y se apoyará en los reportes mensuales de productividad correspondientes, en los que las unidades ejecutoras deberán informar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales señalados en cada convenio específico de colaboración.

Cualquier gasto fuera de los autorizados para medicamentos, recursos humanos y los destinados para la dignificación de unidades médicas que no cuente con la validación de la DGPLADES puede ser motivo de observación en la fiscalización al programa.

Los recursos se deben poner en una cuenta única y específica, para poder tenerlos bien identificados.

Una vez radicados los recursos en la Secretaría de Finanzas o equivalente de la entidad federativa, esta se obliga a transferirlos íntegramente a la unidad ejecutora del gasto que se haya determinado en el convenio específico de colaboración, dentro de los cinco días hábiles siguientes, junto con los rendimientos financieros que se generen.

La no transferencia de los recursos en el plazo establecido se considerará como incumplimiento y el monto deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos, señala el marco de referencia que presentó la ASF sobre la auditoría a este programa.

En el incumplimiento del plazo de esos cinco días hábiles y en que los recursos no se pusieron en una cuenta única para poder identificarlos y fiscalizarlos, radican los principales señalamientos de la ASF.

La federación transfirió a las entidades federativas y al IMSS, un total de 5,114.3 millones de pesos. En el análisis de la ASF se hicieron señalamientos que involucran un monto de 2,780.3 mdp, de los que están pendientes por aclarar un total de 2,664.9 mdp.

Entre las presuntas irregularidades se detectó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1,398.8 mdp en el IMSS y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Tabasco que representaron el 52.4% del monto total señalado con inconsistencias.

Además se trasfirieron fuera del plazo legal de cinco días posteriores (establecido en el Convenio Específico de Colaboración y los criterios de operación del Programa U013)  un total de 1,027.4 mdp a los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Veracruz.

Ante tal incumplimiento en los plazos, la Secretaría de Salud debió pedir el reintegro de los recursos a la Tesorería. Pero no lo hizo.

La ASF también detectó pagos improcedentes o en exceso por 80.9 mdp en los estados de Puebla y Querétaro, así como recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería por 76.1 mdp, en los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

Hay además observaciones que no se vinculan directamente con monto por comprobar, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y sistemas de control, con impacto en la calidad de la gestión del programa y sus resultados.

Entre estas se encuentran: inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal; los pagos realizados difieren con el sueldo asociado con la plaza del personal; el proceso de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación no se efectuó conforme a la normativa, la inadecuada formalización de contratos y diferencias entre lo solicitado en la cotización y lo contratado en la adjudicación; y extemporáneo de los recursos a la Tesorería; así como falta de envío a la SHCP y difusión de información trimestral.

La información del ejercicio y destino de los recursos del programa, enviada por las entidades federativas mediante el Sistema de Formato Único al Gobierno Federal a través de la SHCP no se presenta con calidad y congruencia.

IMSS, el peor parado... lee la nota completa en ANIMAL POLÍTICO