La fiscalía general de México "juega con el sufrimiento de las familias" al difundir como definitivo un análisis forense parcial sobre la supuesta incineración en un basurero de 43 estudiantes desaparecidos, consideró hoy la organización Amnistía Internacional (AI).

"El Gobierno presentó un peritaje forense sobre fuego que no prueba absolutamente nada en este caso crítico y, aun peor, se ha atrevido a llamar estos hallazgos 'conclusivos'", afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas.

Hace una semana la Procuraduría General de México hizo público, de manera escueta, un estudio según el cual en el basurero de la localidad de Cocula hubo un evento de fuego controlado y al menos 17 personas fueron quemadas en el lugar.

Sin embargo, el documento no brindó detalles ni explicó el mecanismo que llevó a esa conclusión. El resultado dejó muchas dudas en el aire, entre ellas la fecha en la que supuestamente ocurrió ese fuego. Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

"Lo único que este peritaje de fuego prueba es que, en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula", señaló AI.

"Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo", agregó.

Un peritaje anterior del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, un grupo independiente de peritos, ya había establecido en febrero que en el sitio se habían dado varios eventos de fuego en los últimos años y que había restos de al menos 19 personas.

No obstante, los expertos argentinos descartaron que pudiera tratarse de los estudiantes en un detallado documento de 18 páginas donde describieron, punto por punto, la metodología y las razones para llegar a esa conclusión.

También rechazaron la hipótesis de que la noche de la desaparición hubiera habido un gran fuego suficiente para incinerar 43 cuerpos.

El subprocurador mexicano de Derechos Humanos, Eber Betanzos, afirmó que el informe presentado la semana pasada es la "opinión conclusiva" del grupo de peritos que hizo el análisis, si bien el propio texto habla de la necesidad de más estudios.

Los desacuerdos en torno del peritaje han tensado las relaciones entre las autoridades y un grupo independiente de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, que pidieron más detalles.

"Lo que ocurre es que rinden ese informe, pero no incluimos dentro de las bases -porque respetamos su autonomía- el proceso deliberativo", dijo Betanzos al diario "El Universal". "Nosotros no les requerimos una manifestación de saber de qué manera llegaron a la conclusión".