El cambio de régimen debe pasar por el diseño de un nuevo modelo de seguridad que, en el mediano plazo, rompa la cadena de complicidades que propicia la elevada impunidad, y ponga freno al deterioro que vive en país.

En el libro "México, la Gran Esperanza", Enrique Peña Nieto ofreció: fortalecer la prevención del delito, profesionalizar a la policía, mejorar la eficacia en el sistema de justicia, modernizar el sistema penitenciario y focalizar las acciones del gobierno federal en los municipios más violentos. Los resultados todos los conocemos.

¿Qué ocurrió en estos años que el Presidente logró llevar al país por la ruta opuesta? Sin duda el esquema autoritario presidencial, los intereses en juego y la falta de voluntad, convirtieron a la seguridad pública en otro de sus grandes fracasos.

¿Qué fue lo que no se hizo para que menos de 1% de los delitos en México sean castigados? El drama es mayor: sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos. En la narrativa del fracaso peñista, ineptitud, corrupción e impunidad son una constante.

La pronunciada caída en la aceptación de Enrique Peña Nieto y la pérdida territorial del PRI en estos años, consolidan la posibilidad del cambio.

La alternancia no tendría sentido si no se hacen las correcciones necesarias. Y en materia de seguridad pública, vale la pena discutir una agenda de transformación, urge una estrategia que dé resultados.

Considero que un nuevo modelo de seguridad se tendría que establecer bajo 3 pilares: mejor acceso a la justicia, revisar protocolos policiacos y atender la prevención del delito.

Separar la seguridad de la Secretaría de Gobernación, una vez demostrada su falta de resultados, pero sobre todo porque al sumarlas, se utilizó a la supersecretaría que encabezó Osorio Chong para perturbar investigaciones, como la de los 43 normalistas, se desvió el objetivo del sistema Pegasus, y recientemente la persecución del Cisen al candidato Ricardo Anaya.

Cuando se utiliza a las instituciones para proteger a los gobernadores ladrones y para golpetear políticamente a opositores, los que quedan desprotegidos son los ciudadanos.

El problema que ocasiona la injusticia no es ni siquiera el sistema penal acusatorio, que está apenas en maduración. El problema es la procuración de justicia.

Hay que consolidar la autonomía de las fiscalías, diseñar un sistema de profesionalización de los jueces. El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 8. La media internacional —entre los países que fueron sujetos a estudio en el Índice Global de Impunidad en 2015—, es de 16.

Definir un modelo policiaco: ya sea Mando Único, policías de proximidad u otro, más inteligencia, seguimiento de la ruta del dinero y llevar a los hechos la extinción de dominio, fortalecimiento de los salarios, y que los controles de confianza incluyan a más funcionarios, no sólo a los jefes policiacos.

El tercer pilar que México no ha querido atender seriamente es el de la prevención, basta revisar el presupuesto enviado por el gobierno federal los dos últimos años.

Se debe pensar en la seguridad como asunto de fortalecimiento económico, y en el que se invierta más a la cultura, al deporte, la educación como un asunto de seguridad, dará frutos en el mediano plazo.

A fuerza de repetir, pierde significado decir que la estrategia de seguridad no funciona. Lo cierto es que no podemos seguir como vamos. Si no se piensa en cómo debemos reorientar las instituciones, difícilmente podremos tener resultados.