La plataforma RID, será actualizada mes a mes para reflejar la totalidad de las denuncias que la Procuraduría del Estado entregó al Secretariado Ejecutivo del SNSP, aunque incluye las herramientas para realizar un análisis que refleje no sólo los números absolutos de los ilícitos, sino también las tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes en todas los municipios del Estado, que permiten hacer un comparativo más objetivo de los niveles de violencia. 

Los delitos se clasifican bajo la nueva metodología que se utiliza de manera oficial en el fuero común en todos los estados, como son los delitos que atentan contra la vida, contra la libertad, contra la libertad sexual y contra el patrimonio. 

La página también cuenta con un mapa de calor que permite hacer una comparación de cuáles son los meses con mayores incidencias a nivel estadístico, y de igual forma se puede realizar bajo cualquiera de las clasificaciones, y permite ver dónde fueron los lugares específicos en los que se realizaron los ilícitos. 

Alejandra Wade Villanueva, directora del Consejo Cívico, asegura que un proyecto como éste podría contribuir a que los ciudadanos acudan a realizar sus denuncias, y no desertar de su querella debido a los trámites burocráticos. 

“Es importante recordar que esto no es el 100 por ciento de nuestra realidad. Aquí vemos las cifras que se presentan por denuncias. Es grave porque mientras los ciudadanos no nos ayuden con su denuncia, los organismos que participamos promoviendo nuevas políticas públicas, no podremos demostrar a la autoridad que el trabajo no se está haciendo con efectividad”, aseguró Alejandra Wade, directora del Consejo. 

El RID será actualizado mes con mes
Enumerará las denuncias entregadas por la PGJE al Secretariado Ejecutivo del SNSP.
Incluye herramientas para hacer comparativos entre distintas ciudades,
Refleja las tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes.
Existe un mapa de calor para detectar los meses con mayor incidencia delincuencia #rid

‘Apresurada la aprobación del Sistema Anticorrupción’

Luego de que se reformara un paquete de leyes de la Constitución del Estado para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, la directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila insiste en que las negociaciones a puerta cerrada que se dieron en el Congreso del Estado para crear el dictamen, son lamentables y muy apresuradas.

Alejandra Wade Villanueva, aseguró que el ejercicio logró constatar que el SEA fue conformado en una sincronía entre la mayoría del Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo, y demuestra que no se tiene un contrapeso auténtico entre ambos representantes, puesto que los diputados y diputadas no pusieron una sola objeción ante la propuesta del Gobernador, que les fue presentada hace apenas 15 días. 

Asegura, que al contrario de lo que se pensaba, los organismos que conforman la Alianza Anticorrupción de Coahuila, no pedían la responsabilidad total para la designación de los puestos clave del Sistema Estatal Anticorrupción, y por el contrario, sólo se pedía al Congreso que fueran incluyentes con los ciudadanos, y les permitieran revisar los expedientes, validar los documentos, así como analizar la capacidad profesional de cada uno de los candidatos. 

De manera irónica, opinó que los poderes trabajaron “de manera intensa”, a comparación de otras reformas igual de importantes y después de tres días de negociaciones lograron el sistema al que habían puesto tanto retraso. “De haber sabido que iba a ser todo tan rápido, lo hubiéramos hecho antes de elecciones”, dijo.

Wade Villanueva aplaudió que se haya aceptado la eliminación al fuero, aunque insistió en que otra de las cosas preocupantes es que el tiempo tuvo como consecuencia que no existieran consultas ciudadanas, como lo dice la iniciativa.

Por último, agregó que por su parte, seguirán exigiendo a las próximas legislaturas las modificaciones correspondientes para que el sistema funcione adecuadamente y se apegue a lo suscrito en la ley general, y buscarán reformar todo lo que tenga que ver con los plazos de 7 y 15 años que serán ocupados por los puestos principales del Sistema Estatal Anticorrupción en el caso de los magistrados y los fiscales.